MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -
Si la situación actual de la juventud en España, con un paro superior al 50% entre la población de 16 a 24 años y del 42,4% si se amplía el marco hasta los 29 años, el coste de mantener las pensiones para el Estado podría alcanzar el equivalente al 72% de los salarios de los españoles, según el estudio 'Juventud Necesaria' elaborado por el Consejo de la Juventud de España.
La estimación, elaborada por los doctores en sociología Daniel Sorando y Stefano de Marco, apunta entre otros factores a la emancipación tardía de los jóvenes españoles (menos de uno de cada tres jóvenes de 20 a 29 años estaban emancipados en 2011) como un factor que provocará la inversión de la pirámide poblacional, que en la actualidad ya presenta una estructura "inestable".
"El nivel de fecundidad depende del régimen de bienestar de cada sociedad --asegura el estudio-- En el caso español, no solo se encuentra entre las más bajas de la Eurozona sino que, además, la distancia respecto de la medida de dichos países se está incrementando durante la recesión económica".
Así, de acuerdo con los datos de 2012, las mujeres españolas tienen 1,32 hijos de media, frente a los 1,58 de la media de la UE, pese a que ambas cifras están por debajo de la tasa de reemplazo poblacional.
De hecho, en caso de continuar la actual deriva, en el periodo de 200 años que va de 1950 a 2050, el sistema de pensiones español habrá pasado de tener dos trabajadores por cada pensionista a tener 1,4 pensionistas por cada trabajador.
218.000 HAN EMIGRADO, LA MAYORÍA UNIVERSITARIOS
Por otra parte, el informe cifra la emigración juvenil en cerca de 218.000 jóvenes, de acuerdo con los datos del INJUVE, el 65% de los cuales serían titulados universitarios, según las estimaciones del Barómetro del Real Instituto Elcano.
"El impacto de la emigración juvenil sobre la economía de un país es particularmente evidente cuando los jóvenes que emigran son aquellos con mayor nivel de estudio. Dicho impacto está principalmente vinculado a la falta de retorno de la inversión en educación", advierte el documento.
En este sentido, Marco ha hecho hincapié en que, si se mantuviera el actual nivel migratorio, España perdería entre 2014 y 2024 el equivalente al 3,4% de su PIB en inversión en educación universitaria que se iría del país y dejaría de recaudar en impuestos el equivalente al 2,2% de su PIB, que iría a parar a los países receptores de inmigrantes.
Según los dos investigadores, la situación del país es "reversible" sin necesidad de suprimir o reducir el sistema de pensiones o elevar la edad de jubilación, aunque pasa únicamente por la condición de que se amplíe la inversión de fondos públicos en política familiar y juventud.
Según la estimación a futuro que realiza el estudio, si se ampliara la tasa de fecundidad española a los niveles de la media europea de aquí a 2050, la porción de los salarios que correspondería al pago de las pensiones se reduciría al 66%; y si, además, se rebajara un 10% la tasa de empleo juvenil, dicha carga sería del 60%.
"Los datos empíricos sustentan la hipótesis de que la inversión en los jóvenes puede generar beneficios a largo plazo para toda la sociedad española. En primer lugar porque permite aliviar la carga de las familias de origen, y en segundo lugar porque permite aprovechar la inversión educativa de los jóvenes para sustentar el desarrollo del país", indican las conclusiones del informe.
Además, señala que mejorar las condiciones de vida de los jóvenes "representa una alternativa válida al aumento de edad de jubilación y a la disminución de las pensiones".
BAJO NIVEL DE GASTO SOCIAL
En este sentido, los autores del estudio han subrayado que "es posible" aumentar la inversión pública en gasto social destinado a las familias y a la juventud, principalmente en ayudas a la emancipación y promoción del empleo. "España no es un país que gaste mucho en gasto social, es un país que gasta poco", ha asegurado Sorando.
De hecho, ha explicado que la configuración del Estado del Bienestar en España es la de un Estado "familista", en el que la carga de las prestaciones sociales la asumen las familias, en comparación con unas arcas públicas "aligeradas" de esta función.
Así, entre otros datos, ha subrayado que, pese a que el nivel educativo de los jóvenes españoles se ha incrementado respecto a la generación de sus padres, el porcentaje del PIB español dedicado a Educación es un 0,34% menor que el de los 15 primeros países de Europa (UE15) y 7,2% menor en la evolución del gasto de ayudas al estudio universitario, según los datos hasta 2011.
De hecho, mientras que la media de la UE15 en gasto en prestaciones familiares es del 2,3% del PIB, en España esta cifra es del 1,4%, al nivel de Italia y solo por delante de Países Bajos y Portugal, según datos de 2012.
Igualmente, el porcentaje del PIB destinado a ayudas a la vivienda es del 0,1% del PIB (frente al 0,5% de media de la UE15) y en prevención de la exclusión social, del 0,4% (frente al 0,4% de la UE15).
"No tenemos el Estado del Bienestar de otros países de la UE porque no hacemos las mismas cosas que hacen en otros países", ha subrayado Sorando.
CAMPAÑA 'JUVENTUD NECESARIA'
Por todo ello, el Consejo de la Juventud ha iniciado una campaña con el mismo título del estudio, 'Juventud Necesaria', haciendo un llamamiento a invertir en la juventud y a contar con ella en la toma de decisiones.
La página web de la iniciativa (www.juventudnecesaria.es) incluye un manifiesto al que se han sumado otras organizaciones y representantes de la juventud, y en el que se reivindica que "es fundamental potenciar la voz de los jóvenes para que esté presente en todos los ámbitos que le afectan".
"Llevamos muchos años que escuchando que la juventud es el futuro y estamos de acuerdo, pero el futuro se construye desde el presente", ha subrayado el presidente del Consejo de la Juventud de España, Héctor Saz.
Por ello, tanto Saz como los autores del estudio han subrayado la necesidad de incrementar la inversión para permitir que "la juventud aporte" en lugar de continuar con la "reformulación regresiva del Estado del Bienestar" que señala el Estudio.
Según señala el estudio, si se ampliara el gasto público en prestaciones sociales "se generaría un círculo virtuoso" animado por la mejora de los datos de empleo, los ingresos de las familias, la recaudación de impuestos y el aumento de la tasa de emancipación y fecundidad.
