MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Unión de Asociaciones Familiares (UNAF) ha instado a las comunidades autónomas a que tomen medidas y elaboren protocolos que eviten que niñas y mujeres inmigrantes sufran la práctica de la mutilización genital femenina ya sea en España o en sus países de origen. Según la organización, más 10.000 niñas en España se encuentran bajo riesgo.
Así, recuerda que el Código Penal y la Ley Orgánica 3/2005 castigan esta práctica con penas de seis a doce años de prisión y establece la posibilidad de perseguir a los responsables de esta práctica "extraterritorialmente", siempre que estos se encuentren en España. Sin embargo, subraya que, además de las normativas autonómicas para luchar contra este fenómeno, "se hacen necesarios protocolos de actuación para profesionales de distintos ámbitos como la sanidad, la educación y los servicios sociales".
"Estos protocolos permitirían a los profesionales detectar distintos factores de riesgo como ser mujer, pertenecer a una determinada etnia o tener precedentes familiares que hayan sufrido la práctica de mutilación femenina", explica. También otros como la organización inmediata de un viaje al país de origen.
UNAF recuerda que las únicas comunidades autónomas donde ya existen protocolos de actuación en funcionamiento son Aragón y Cataluña. Además, Navarra está elaborando también un procedimiento similar.
En el caso de Aragón, el protocolo ofrece a los progenitores de la niña la opción de firmar voluntariamente un compromiso que les obligue a permitir que su hija pueda ser sometida a una revisión médica a la vuelta de un viaje al país de origen. En caso de negarse, se da parte a la fiscalía para que se retire el pasaporte de la niña para que no pueda viajar, explica la médico y colaboradora de Médicos del Mundo en esta comunidad, Patricia Trenc.
La primera comunidad en la que se implantaron este tipo de procedimientos fue Cataluña. Sin embargo, la coordinadora de Atención a la Víctimas de a Región Metropolitana del Norte de Barcelona, Lucía Galindo, denuncia la "falta de recursos para su aplicación" y señala que hay tres "mediadores interculturales" dedicados parcialmente al problema de la mutilación genital femenina para todo el territorio de Cataluña.
