Abogados de Extranjería denuncian que a falta de un Reglamento, la Administración aplica "lo más restrictivo"
MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -
Una mujer latinoamericana víctima de una red de trata con fines de explotación sexual ha permanecido recluida en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) en espera de expulsión porque al no haberse aprobado aún el nuevo Reglamento de la Ley de Extranjería, en su caso no se aplicaron los derechos que recoge la nueva norma, en vigor desde diciembre, y que le hubieran permitido acceder a un permiso temporal de residencia.
Según informó la ONG Women's Link Worldwide, finalmente "el juzgado de instrucción competente" ha emitido esta mañana un Auto para suspender la orden de expulsión aplicando el artículo 59 bis de la nueva ley, que reconoce el derecho de las víctimas de trata a disponer de un periodo de "restablecimiento y reflexión" de duración no inferior a 30 "para que pueda decidir si desea cooperar con las autoridades" en la investigación criminal.
La entidad, que ha trabajado en el caso con Proyecto Esperanza y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), ha interpuesto una queja ante el Defensor del Pueblo por la situación a la que aseguran, ha tenido que enfrentarse esta mujer, que ha sido privada de libertad en el Centro de Internamiento ante una expulsión "inminente" del territorio español.
"La realidad es que la mujer prestó declaración mientras estaba detenida en el Centro de Internamiento para Extranjeros, sin la aplicación del periodo de reflexión al cual tenía derecho" denuncia la ONG cuya directora ejecutiva, Viviana Waisman, aseguró que "el presente caso ha puesto de manifiesto la necesidad del urgente desarrollo reglamentario del artículo 59 bis de la ley".
En su opinión, "es necesario para que la detección y la protección de las víctimas sea efectiva y no suceda como en el presente caso en el que la víctima se encontraba en un Centro de Internamiento siendo su expulsión inminente. Por este motivo se ha interpuesto una queja ante el Defensor del Pueblo", apostilló.
LO MÁS RESTRICTIVO
No es este el único artículo de la ley que según los expertos, necesita ser desarrollado. El Presidente de la Sección de Extranjeros del Colegio de Abogados de Valencia y portavoz de la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española, Francisco Solans, asegura que a falta de un Reglamento, la Administración "está aplicando lo más restrictivo" y en materias de la reforma que suponen ampliación de derechos, como en los casos de víctimas de violencia de género, "ni siquiera se han enterado".
En declaraciones a Europa Press, Solans explicó hay diversos temas para los que la Administración responde con un "espérese al reglamento", entre ellos, las "mejoras" reagrupación familiar de ascendientes extranjeros de ciudadanos españoles, o la posibilidad de revocar órdenes de expulsión presentando documentación que acredite el arraigo.
"Como no llega el Reglamento, todo esto está teniendo una aplicación desigual: hay oficinas de extranjería que te admiten el expediente pero lo más que consigues es que acabe en un cajón y otras que directamente lo están inadmitiendo a trámite aplicando la vieja ley como si nada hubiese cambiado", señaló.
Para el portavoz de la subcomisión de Extranjería y i bien "los problemas de tramitación con la administración de Extranjería son de siempre, porque siempre ha sido ultra restrictiva (...), la falta Reglamento hace las cosas aún menos claras, por lo que la Administración aplica sistemáticamente la interpretación más restrictiva".
En su opinión, "si a río revuelto, ganancia de pescadores, en este caso los ganadores son ellos porque a día de hoy, que a un letrado le tomen un expediente o se lo admitan a trámite se ha convertido en todo un éxito".
