MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -
El ex vicepresidente del Tribunal Constitucional (TC) y presidente de Honor del Foro Español de la Familia, José Gabaldón, aseguró hoy que una ley de plazos en materia de aborto sería inconstitucional, mientras que el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla Javier Pérez Royo sostuvo que es "la única manera de dar una respuesta constitucionalmente correcta" a este asunto.
Ambos ponentes, el primero a propuesta del Partido Popular y el segundo del PSOE, comparecieron hoy en la Subcomisión del Congreso que se encarga de analizar una posible reforma legislativa sobre el aborto.
En declaraciones a los periodistas, Gabaldón argumentó su postura diciendo que "atribuir absoluta libertad a cualquier persona, incluso a la madre, para disponer de la vida de otro es una cuestión muy grave". "Una persona que admite con naturalidad la idea de que la vida de otra pueda quedar sometida a la voluntad de un tercero carece de legitimación en lo sucesivo para criticar la pena de muerte u otras conductas letales", agregó.
Asimismo, manifestó que, con los cambios que se han producido en la ciencia, se ha llegado a un punto en el que se establece "con claridad que de la fecundación nace un ser humano distinto". "No ha cambiado nada más", añadió.
Tomando la doctrina del Tribunal Constitucional, el que fuera también presidente de Asociación Profesional de la Magistratura (APM) defendió que "la vida empieza con la gestación" y la doble misión del Estado: abstenerse de interrumpir u obstaculizar el proceso natural de gestación y establecer un sistema legal para la defensa de la vida, y que el carácter fundamental de la vida incluyera las normas penales.
ABORTO, "DERECHO CONSTITUCIONAL DE LA MUJER"
Por su parte, Javier Pérez Royo manifestó que "únicamente" una ley de plazos "sería constitucional". "Cualquier respuesta que no sea una ley de estas características es anticonstitucional", puntualizó.
En este sentido, defendió que la interrupción del embarazo "es un derecho constitucional de la mujer" y no puede ser una conducta antijurídica "que pueda ser exonerada de responsabilidades penales en determinados supuestos". "El Estado puede, a lo sumo, establecer determinadas condiciones, pero nunca impedir que la decisión sea de la mujer".
Royo afirmó también que la igualdad constitucional "quiebra" en el momento en que toda la sociedad decide sobre un problema que afecta "solamente" a las mujeres. "Con qué argumento jurídico se puede justifica que el 50 por ciento al que nunca se le podrá plantear el problema tome la decisión sobre la conducta que debe adoptar el 50 al que sí le afecta", se preguntó.
Asimismo, defendió que el hijo sólo pertenece a la mujer, "porque es la portadora" y la titular de derechos fundamentales. "Los únicos derechos que hay en la interrupción del embarazo son los de la mujer", agregó.
Para Royo, el 'nasciturus' "no es persona" y, por lo tanto, "no es sujeto de derechos", y defendió la definición jurídica de persona del Código Civil -A las 24 horas de salir del vientre materno-- y añadió que antes "hay religión".
Tras defender que no hay conflicto de derechos, sostuvo que el Estado tiene que respetar el ejercicio de los derechos fundamentales de la mujer, "porque sí es persona".
En este sentido, dijo que la mujer "tiene derecho a exigir auxilio al Estado" cuando decida interrumpir su embarazo y "no sólo cuando decida continuar". "Es una decisión de la mujer, y el Estado no puede entrar en ella", afirmó.
