MADRID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -
Más de 200 personas han sido sentenciadas a muerte en Afganistán durante los últimos 15 meses pero el presidente afgano, Hamid Karzai, ha rechazado firmar cualquier orden de ejecución, según el Tribunal Supremo.
"Hemos enviado numerosos veredictos de ejecución al presidente, pero no ha firmado ninguno desde hace casi un año", aseguró un miembro del Consejo Superior del Tribunal Supremo, Abdul Rasheed Rashid, quien añadió que algunos de los condenados han cometido "actos de terrorismo".
El director para Asia-Pacífico de la organización Amnistía Internacional (AI), Sam Zarifi, indicó que durante los dos últimos años unas 375 personas habían sido sentenciadas a muerte pero no se había informado de ejecuciones en Afganistán en 2009. Algunas de las sentencias están sujetas a la apelación en tribunales superiores, pero decenas de veredictos ya han sido confirmados por el Tribunal Supremo.
Afganistán es uno de los 50 países que aún tienen la pena de muerte para los delitos ordinarios, según AI. Aunque Karzai no ha confirmado formalmente una moratoria, un ayudante que prefirió permanecer en el anonimato indicó que "el presidente ha decidido no firmar órdenes de ejecuciones por un tiempo". "Obviamente, el presidente se encuentra bajo mucha presión por parte de los extranjeros para no realizar ejecuciones", aseguró Rashid.
En virtud de la ley afgana y de los sistemas de justicia tradicionales, la pena de muerte es una opción para los crímenes graves como el asesinato y la rebelión armada. La ejecución de delincuentes de cierta importancia también se ha justificado como una forma eficaz de reducir la criminalidad y mejorar la seguridad.
Sin embargo, los activistas pro Derechos Humanos afirman que este castigo es una respuesta simplista a los complejos problemas humanos en los que los pobres y las minorías suelen salir peor parados.
La judicatura afgana también se percibe como débil, corrupta e incapaz de dar justicia imparcial. Afganistán aparece como el segundo país más corrupto, después de Somalia, según el Índice de Percepción de Corrupción elaborado por Transparencia Internacional. Según el Tribunal Supremo, al menos 370 jueces implicados en casos de sobornos y abuso de poder ya han sido arrestados y despedidos durante los tres últimos años.
"Los efectos dañinos de la corrupción son numerosos: instituciones públicas débiles, servicios sociales no equitativos, falta de justicia, ninguna confianza en el Estado y una ineficacia generalizada", según indicaba en un informe el pasado 30 de marzo la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
