MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) -
La responsable de Política Interior y Relaciones Institucionales de Amnistía Internacional, Virginia Álvarez, ha demandado este lunes ante la Comisión Especial de Estudio de la Problemática de la Adopción y asuntos afines del Senado un plan estratégico nacional que unifique criterios para el ingreso y la atención de los menores en centros para niños con problemas de conducta.
En una comparecencia a petición del Grupo Parlamentario Mixto, Álvarez repasó las conclusiones del informe de Amnistía Internacional que bajo el título "Si vuelvo, ¡me mato!", denunció el pasado mes de diciembre que los menores en centros terapéuticos "son invisibles" a la Administración y "pueden sufrir abusos de todo tipo" con "total impunidad".
Álvarez trasladó a los senadores las recomendaciones que la organización ya ha elevado a la Fiscalía General del Estado, el Ministerio de Sanidad y Política Social y los responsables políticos de Andalucía, Cataluña y Madrid, cuyos centros se analizaron en el estudio: "un plan estratégico de infancia que incluya una red de servicios para garantizar la atención de estos niños" y una "estrategia de salud mental" específica para sus problemas de conducta.
"No todos tienen trastornos mentales, algunos de estos niños sólo son conflictivos, pero el criterio es tan disperso que ni siquiera hay directrices claras" sobre quién debe entrar en qué centros y bajo qué tipo de atención o tratamiento, lamentó la portavoz de Amnistía, para incidir en que "estos menores no han cometido ningún delito, no son infractores, pero muchas veces son sometidos a un régimen más gravoso" que el aplicable en los reformatorios.
La organización opina que esta situación "no tiene por qué" deberse a una falta de recursos, ya que las administraciones dedican de media unos 3.800 euros por cada menor y año través de las entidades que gestionan los centros terapéuticos.
No obstante, Álvarez señaló que "quizá la Fiscalía sí necesite más medios" para poder incrementar las visitas a estas instalaciones y realizarlas en compañía de personas "especializadas" en el tratamiento de menores.
Por su parte, el vocal del Grupo Mixto, Pedro Torres, planteó la posibilidad de analizar buenas prácticas sobre gestión de estos centros, entre las que citó medidas como restringir el plazo máximo de internamiento, asunto al que también se refirió la portavoz del Grupo Popular, Dorinda García, para quien el objetivo debiera ser "la menor institucionalización posible".
De otro lado, la portavoz de la Entesa, María Burgués, incidió en la "falta de un recurso específico para que estos niños puedan recibir la atención que necesitan" y que abarque tanto el tratamiento médico en su caso como formación académica y personal, mientras que la vocal del Grupo CiU, Rosa Nuria Aleixandre, apuntó que el problema es que "la salud mental en España no funciona ni para mayores ni para niños, porque es la gran asignatura pendiente".
UN ESTUDIO EN PROFUNDIDAD
Tras la intervención de Álvarez, los senadores coincidieron al afirmar que el internamiento de menores con problemas de conducta se aleja de la temática habitual de la Comisión Especial sobre Adopción, motivo por el cual el portavoz del Grupo Socialista, Mario Bedera, propuso a la Mesa reajustar los plazos de presentación de conclusiones a fin de alargar la vigencia de la comisión para dedicar un esfuerzo específico a analizar esta problemática.
En concreto, el senador planteó la posibilidad de que comparezcan en responsables de servicios sociales de las distintas comunidades autónomas, así como titulares de centros de menores y responsables de la Fiscalía a cargo, propuesta que se abordará en la próxima reunión de Mesa y Portavoces tras recibir el visto bueno de la presidencia de la Comisión.
