SANTANDER, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -
Cantabria espera cerrar este año 2013 un acuerdo con la Confederación Hidrográfica del Ebro para no tener que devolver los caudales que la comunidad autónoma utiliza como consecuencia del bitrasvase.
Así lo ha anunciado, a preguntas de la prensa, el consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria, Javier Fernández, antes de reunirse con representantes de la federación de Comunidades de Regantes y Usuarios de la cuenca del Ebro.
Según el consejero, la devolución que actualmente tendría que llevar a cabo Cantabria por este concepto está valorada "en el entorno de los 4 millones de euros" y, aunque las compensaciones anuales deberán concretarse en las negociaciones, ha avanzado que serían cifras anuales "importantes" para la comunidad autónoma.
Fernández ha explicado que durante todo el año 2012 se está negociando con el Ministerio de Medio Ambiente la no devolución de dichos caudales y ha señalado que, ya que hay un "acuerdo de fondo" en el sentido de que Cantabria no tenga que asumir los costes de esa devolución, se está estudiando la "formula concreta" a través de la cual se va a llevar a cabo.
"Bien puede ser un trasvase, que era la primera posibilidad, planteándolo en el futuro en el Plan Hidrológico Nacional; o bien, buscando las formulas que compensen a Cantabria por el coste de la devolución de ese agua", ha indicado.
"Es decir, que Cantabria no tenga que pagar en ningún caso la devolución, ya sea porque sea un trasvase o porque se le compense por el coste de la devolución de esos caudales de agua", ha añadido el consejero, "Estamos abiertos a cualquier formula, siempre que los intereses de Cantabria queden perfectamente defendidos", ha precisado.
Y la forma de defenderlos, ha dicho, "es que no tenga coste ninguno la devolución del agua, o bien porque no se lleve a cabo o bien porque se compense por el coste que se realice". Esos, según el consejero, podría permitir incluso la utilización de producción de energía eléctrica, si ya se consigue que haya unos caudales que "se estabilicen" y exista un derecho para la utilización de una cantidad anual.
Fernández cree que en 2013 se podrá materializar la "formula jurídica concreta" en un acuerdo conjunto entre el Ministerio y la Confederación Hidrográfica del Ebro.
