MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -
La Comunidad de Madrid financiará y apoyará a la asociación creada por la madre de Sandra Palo, la joven madrileña violada y asesinada por un grupo de menores, en su lucha por reformar la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, a fin de endurecer las penas a menores en delitos graves.
Esta actuación es fruto de un convenio de colaboración firmado hoy por el vicepresidente segundo y consejero de justicia del Gobierno regional, Alfredo Prada, y la presidenta de la Asociación Sandra Palo para la defensa de las libertades, María Mar Bermúdez, realizado para generar debate social y jurídico sobre la comisión de hechos graves por parte de los menores y la responsabilidad penal de los mismos. No obstante, el consejero recalcó que estas medidas estarán encaminadas a compatibilizar los "derechos del menor con la defensa de las víctimas de esta violencia y de la sociedad en su conjunto".
"Voy a seguir peleando en la lucha que emprendí desde que asesinaron a mi hija, para que la Ley se modifique como realmente se tiene que modificar, porque para las víctimas es una humillación las penas que se les imponen, ya que cuatro años y ocho años, son vacaciones para ellos", aseguró Bermúdez.
El acuerdo se asienta en la aprobación por parte de la Cámara regional de un presupuesto de 50.000 euros a fin de ayudar a esta familia en su causa, que ya llevaron al Parlamento Europeo, también apoyada por el Ejecutivo que preside Esperanza Aguirre. En aquel momento, Prada se reunió en Bruselas con el presidente y vicepresidente de la Comisión de Peticiones de la institución europea para tratar la reclamación de la modificación y homogenización de la legislación europea en esta materia.
Así, reclamaron el desarrollo de las reformas legales necesarias que permitieran la homogenización de la normativa de la Unión Europea en lo referente a la responsabilidad penal de los menores, que permitiría la planificación y ejecución de medidas a nivel europeo, incrementando la severidad de las normas penales en materia de menores y reinstaurando las penas tradicionales de reclusión en centros penitenciarios.
El Gobierno regional asegura que "siempre ha apoyado la demanda de aquellos sectores vinculados con la Justicia y aquellas asociaciones y fundaciones que personifican la defensa de los valores y principios que la propia Justicia representa".
En este sentido, Prada señaló que "aunque en su conjunto, la Ley del Menor tiene cosas buenas. Es imprescindible que se lleve a cabo su reforma para evitar que cuando se cometan asesinatos con alevosía, estos chicos, a los cuatro meses, vuelvan a estar en la calle y reincidan en sus actos".
La asociación, que fue constituida como consecuencia del asesinato de Sandra Palo, se dedica desde hace cuatro años a causas similares, temas relacionados con la responsabilidad penal de los menores, y otros de ayuda a mujeres, en caso de violencia de género o maltrato. Su objetivo es llamar la atención de la opinión pública sobre este debate y para ello, organizan diferentes actividades que contribuyen a la reflexión social sobre hechos delictivos graves cometidos por menores y se personan como acusación particular en casos de este carácter.
Para el consejero, la reforma de la normativa que regula los tipos delictivos graves de los menores de edad "debe contemplar un incremento de las penas en casos como el asesinato, violación y terrorismo", y se mostró partidario de que cuando estos chavales cumplan 18 años, "pasen a centros penitenciarios ordinarios". "Se tendría que legislar el espacio de delitos cometidos por menores, entre 12 y 14 años", agregó.
