Todos los grupos destacan cómo la iniciativa cívica de unos padres puede cambiar las leyes
MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -
La proposición de ley del Parlamento catalán que reclama la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil para garantizar que los médicos y jueces examinen a las personas incapacitadas fuera del juzgado, ha superado hoy su primer trámite en el Congreso de los Diputados.
Así, todos los grupos parlamentarios de la Cámara Baja han apoyado la tramitación de esta iniciativa, presentada en abril de 2008, que pide que el médico forense y el juez magistrado, "en caso de que el presunto incapaz o sus parientes más próximos no estén en condiciones físicas o psíquicas de desplazarse a las dependencias judiciales", acudan a examinarle "al domicilio de aquéllos o al lugar en el que se hallen".
El texto establece que el juez y el médico se trasladarán "siempre que una de las partes lo solicite y lo pruebe mediante la aportación de un certificado médico oficial". El Parlamento catalán presenta esta iniciativa en el Congreso porque es esta Cámara la que puede reformar la Ley de Enjuiciamiento Civil.
PADRES DE UN HIJO INCAPACITADO
La propuesta surge del matrimonio formado por Joan Vendrell y Magdalena Llauradó, vecinos de Sant Boi de Llobregat (Barcelona), padres de un hijo incapacitado al que un juez le negó dictaminar su incapacidad fuera del juzgado.
Ante esta situación, los padres de este chico con autismo de Kanner acudieron a la Comisión de Peticiones del Parlament, que en diciembre de 2007 aprobó por unanimidad pedir al Congreso la modificación de esta ley. A pesar de haber conseguido solucionar su problema, el matrimonio continuó con el proceso.
Todos los grupos del Congreso calificaron hoy de "oportuna y necesaria" la iniciativa, ya que resolverá el problema de "muchas familias que se puedan ver en esta situación". Asimismo, coincidieron en señalar que la "utilidad de órganos que atienden las iniciativas de la ciudadanía" y cómo la lucha de unos padres puede "acabar modificando leyes orgánicas".
Pese al apoyo del Grupo Popular, su portavoz, Francisco Vañó, reclamó al Gobierno que cumpla el mandato del Congreso y presente un proyecto de ley que modifique el régimen de incapacitaciones, así como que tome medidas para que las instancias judiciales sean accesibles, algo establecido por ley.
