MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Discapacidad del Congreso de los Diputados ha dado luz verde a una iniciativa consensuada entre PP, PSOE y CiU, que pedía al Gobierno que terminase con la discriminación que padecen las personas tartamudas o con disartria y por ello emprendiera las adaptaciones legales pendientes desde 2005 para que este colectivo pueda formar parte del cuerpo de funcionarios del Estado.
El texto, que ha sido promovido en primera instancia por los nacionalistas catalanes, y respaldado finalmente por todos los grupos parlamentarios, salvo Amaiur, exige al Ejecutivo que siga promoviendo las adaptaciones legislativas necesarias con el fin de mantener el principio de igualdad en el acceso a la función pública de las personas que padecen disartria y, dentro del marco jurídico existente, en la línea de lo acordado en el Consejo de Ministros en 2005.
Es más, quiere que el Gobierno apoye todas aquellas iniciativas de la sociedad civil que tengan como objetivo normalizar la realidad de las personas que padezcan tartamudez y luchar contra su discriminación en todos los ámbitos de la vida colectiva.
Además, exige que se informe al Congreso de los Diputados de todas las acciones llevadas a cabo en cumplimiento del acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 21 de octubre de 2005 y de la moción aprobada en el Senado en fecha 8 de mayo de 2007.
800.000 PERSONAS PADECEN TARTAMUDEZ EN ESPAÑA
El encargado de defender la propuesta ha sido el diputado de CiU, Carles Campuzano, quien ha recalcado que la tartamudez "es un trastorno del lenguaje" que afecta a cerca de 800.000 personas en España y que, en ningún sentido, significa una merma de las capacidades para desarrollar un trabajo, en este caso en la función pública.
A su juicio, que las personas que padecen disartria no puedan pertenecer al cuerpo de funcionarios del Estado es una "discriminación" y por ello recuerda que el Gobierno adoptó en Consejo de Ministros, en 2005, un acuerdo para eliminar la disartria o tartamudez del cuadro médico de causas de exclusión para el acceso a la condición de funcionario o a la de miembro de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que está pendiente de las respectivas modificaciones reglamentarias.
