MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se destinarán ayudas a los damnificados por las intensas y extraordinarias lluvias de la primera semana de noviembre, que han afectado a Galicia y a las comunidades autónomas de la cornisa cantábrica. Estas ayudas van desde los 2.580 euros hasta los 18.000 euros, en función del tipo de daño.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha dicho que la medida se ha aprobado "a raíz de los temporales" registrados con motivo de paliar los daños de los municipios y ciudadanos damnificados por "las tempestades" acaecidas.
Así, el Gobierno aplica las medidas contempladas en el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, por el que se regulan las subvenciones para determinadas necesidades de situaciones de emergencia de naturaleza catastrófica.
Durante los días 8 y 10 de noviembre un fuerte temporal que tuvo como consecuencia desbordamientos de ríos, cortes de carreteras, amarre de flotas pesqueras, alteraciones de vuelos, considerables daños materiales en vías públicas, paseos marítimos, puertos, establecimientos mercantiles y viviendas costeras y pérdida de vidas humanas.
Esta medida se aplica por el Gobierno "al igual que en sucesos anteriores de similar naturaleza". Se trata de un acuerdo por el que el Ministerio del Interior, en colaboración con los representantes de la administración periférica del Estado, las administraciones territoriales competentes y el Consorcio de Compensación de Seguros, procederá a efectuar las valoraciones y a tramitar los procedimientos administrativos de pago de los daños susceptibles de ser resarcidos conforme a las ayudas previstas en el Real Decreto de 18 de marzo de 2005, con la máxima urgencia posible.
Concretamente, el Real Decreto prevé conceder 2.580 euros por daños en enseres; 5.160 euros por daños no estructurales de la vivienda; 8.000 euros por daños en elementos de comunidades de propietarios; 8.000 euros por daños en establecimientos mercantiles; 10.320 euros por daños en la estructura de la vivienda; 15.120 euros por destrucción total de la vivienda; y 18.000 euros por muerte o incapacidad absoluta y permanente.
Finalmente, se acuerda que los diferentes departamentos, en el ámbito de sus competencias y de sus disponibilidades presupuestarias, adopten las medidas necesarias para paliar los daños sufridos en las infraestructuras de titularidad estatal.
