ZARAGOZA, 5 May. (EUROPA PRESS) -
La aplicación de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, aprobada en España en mayo de 2008, evitará que estas personas sean declaradas incapaces y se les designe un tutor en los procedimientos referentes a la Administración de Justicia.
Según ha informado este miércoles el vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y presidente del Foro Justicia y Discapacidad, Pío Aguirre, en una rueda de prensa en Zaragoza, esta Convención permitirá modificar la incapacidad judicial.
"Viene a decir que todos, capaces e incapaces, tenemos capacidad jurídica y de obrar y que, cuando se produzca un procedimiento de incapacidad, no se sustituya a la persona por un representante, sino que se le preste ayuda en situaciones concretas", ha explicado.
Esta Convención, que contará con ponentes del Ministerio de Justicia, la ONCE, el Comité Español de Representantes de Minusválidos (CERMI) o la Confederación Española de Agrupaciones de familiares y personas con enfermedad mental (FEAFES), supondrá también otras modificaciones en la legislación española, en asuntos referentes a tratamientos involuntarios, internamientos forzosos o algunas leyes penales y penitenciarias.
Para ello, en la actualidad el Ministerio de Justicia "está realizando un estudio sobre las modificaciones que hay que acometer y que se prevé presentar en verano, de forma que después tendrán que ser las Cortes las que modifiquen las leyes", según ha señalado.
Organizado por el CGPJ, ha comenzado en el Hotel Silken Zentro de Zaragoza el Foro de Justicia y Discapacidad, que cuenta con la participación de los Ministerios de Justicia y Trabajo, la Fiscalía General del Estado, el Consejo General de la Abogacía Española, el Consejo de Procuradores de España, el Consejo General del Notariado y el Colegio de Reguladores de la Propiedad Mercantil de Bienes Inmuebles de España.
Bajo el título 'De la implementación de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad y su aplicación por los operadores jurídicos y sociales: especial referencia al artículo 12', se dará a conocer esta Convención así como la importancia de aplicarla.
ADAPTACIÓN
El vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y presidente del Foro Justicia y Discapacidad, Pío Aguirre, ha indicado que este protocolo se ha suscrito por la Unión Europea y por una docena de países de la misma, además de 141 de todo el mundo, si bien su adaptación genera dificultades, que en España serán más leves que en otros países "en los que ni siquiera hay legislación sobre discapacidad".
"Nosotros lo tenemos más fácil que otros países en vías de desarrollo, que igual no tienen ni legislación específica sobre discapacidad. Últimamente se ha legislado mucho y bastante bien en España sobre discapacidad, ahora vamos a adaptar nuestras leyes y lo tenemos más fácil que otros", ha reconocido.
Así, ha añadido que, al haber sido ratificada la Convención por España y haberse publicado en el Boletín Oficial del Estado, "pasa a ser una ley española de cumplimiento obligatorio, de hecho, ya hay sentencias que la aplican".
En este sentido, considera que el problema radica en "conseguir seguridad jurídica". "No está pensada para España, está pensada para el mundo, y se pretende que no sea cada juez, fiscal, magistrado, notario o registrador el que interprete la ley española y de su parecer, hay que tener claro lo que debe hacerse", ha aseverado Aguirre.
Con este objetivo se han organizado estas jornadas, que se repetirán en la Escuela de Verano de Mariñán (A Coruña) y en Sevilla en octubre.
Por su parte, el fiscal del Tribunal Supremo, Carlos Ganzenmuller, ha indicado que con el Foro Justicia y Discapacidad se pretende "impulsar el conocimiento y la concienciación, no sólo de los profesionales que trabajamos en la Justicia, sino de la sociedad en general, de esta Convención y su implantación en nuestro derecho interno, intercambiar opiniones sobre su aplicación y saber que el derecho que actualmente tenemos tiene que ser necesariamente modificado con los principios de la Convención".
Así, en el Foro, que se prolongará hasta el 7 de mayo, se debatirán "aspectos importantes a nivel mundial y europeo, su aplicación en España y las repercusiones que va a tener en el derecho español y el proyecto de modificación del procedimiento". "Tiene importancia porque no se trata de una enumeración de derechos, sino de la creación de mecanismos de control a través de comisiones específicas de seguimiento a nivel nacional e internacional", ha indicado.
La magistrada letrada del Consejo General del Poder Judicial y secretaria del Órgano rector del Foro, Rocio Pérez-Puig, ha incidido en que la Convención se ratificó en España el 3 de mayo de 2008 "y desde ese momento pasa a ser derecho interno, se están adaptando las normas legales y es importante concienciar a jueces y magistrados de que la Convención hay que aplicarla".
La aplicación de la misma supondrá, a su juicio, "pasar de un modelo paternalista a uno social que persigue integrar a las personas con discapacidad en pie de igualdad con el resto de ciudadanos. No añade derechos ni principios nuevos, sino que los aplica".
