BRUSELAS, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -
La crisis de Gobierno en Bélgica obligó hoy al Parlamento belga a aplazar la votación de una propuesta de Ley para prohibir el uso de prendas que impidan la identificación de la persona, lo que en la práctica permitiría el veto al uso del velo islámico integral 'burka' o 'niqab' en espacios públicos. La votación no tendrá lugar "hasta el próximo jueves como muy pronto", confirmaron a Europa Press fuentes del Parlamento belga.
Los líderes de los grupos políticos en el Parlamento belga decidieron en una reunión esta tarde aplazar hasta la próxima semana la sesión que estaba prevista para este jueves, después de que su comienzo se retrasara varias veces por las reuniones paralelas provocadas por la crisis de Gobierno, explicaron las fuentes.
"El próximo lunes, la conferencia de presidentes examinará la agenda de la Cámara de Diputados", informó a la prensa el presidente de la Cámara, Patrick Dewael, tras una reunión con los jefes de grupo.
Anteriormente, Dewael acudió al castillo de Laeken para reunirse con el rey Alberto II, como parte de la ronda de consultas que ha iniciado el monarca antes de decidir si acepta la dimisión del primer ministro, Yves Leterme.
PROHIBIR EL BURKA
La medida ya recibió el apoyo de todos los partidos de la coalición de Gobierno y de la oposición en una primera votación en la comisión de Interior del Congreso de los Diputados que tuvo lugar el pasado 31 de marzo.
Una vez que el Congreso dé su visto bueno a la propuesta de ley, ésta tendrá que pasar también por el Senado, antes de que pueda entrar en vigor previsiblemente este verano de 2010. Bélgica se convertiría así en el primer país europeo en prohibir el uso del 'burka' o 'niqab'.
El texto prevé multas de entre 15 y 25 euros y de uno a siete días de prisión para quien lleve en espacios públicos y comercios "el rostro cubierto o escondido parcial o totalmente, de manera tal que impida su identificación", con excepciones para quienes cumplan normas laborales o participen en festejos.
La propuesta legislativa fue presentada por el grupo valón Movimiento Reformador (MR) y respaldada en marzo por el resto de partidos políticos, que criticaron a los ecologistas de ECOLO, único partido que entonces mostró ciertas reservas respecto a las garantías jurídicas de una prohibición que no ha sido estudiada por el Consejo de Estado.
