BARCELONA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo de Cataluña (Síndic de Greuges), Rafael Ribó, pidió hoy "firmeza y gran serenidad" para abordar los efectos de la inmigración y de la crisis económica en Salt (Girona) tras los altercados de la semana pasada entre extranjeros y vecinos, y brindó su apoyo al municipio.
En una entrevista a COM Ràdio recogida por Europa Press, Ribó afirmó que el diálogo en Salt es "muy necesario", y recomendó a las administraciones que en un marco de crisis prioricen los servicios sociales para evitar fracturas en la cohesión.
El síndic, que ayer tomó posesión del cargo tras ser reelegido hasta 2019, también consideró que hubo un "sobredimensionamiento mediático" en torno a los criterios de empadronamiento en Vic (Barcelona). Defendió el padrón como herramienta para conocer la población real de un municipio, pero reclamó políticas contra la sobreocupación de viviendas y las mafias de tráfico de inmigrantes.
Sobre la Ley de Dependencia, opinó que es "una gran ley" pero que su gestión es "un poco desordenada", y citó retrasos en el reconocimiento del grado de discapacidad y en la transferencia de ayudas, así como falta de coordinación y errores informáticos. "Posiblemente se quedaron cortos" al calcular las personas que solicitan ayudas, precisó en referencia a la falta de recursos para la aplicación de la norma.
En relación a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatut, consideró que el retraso va "mucho más allá del legítimo equilibrio institucional de respeto al TC", y subrayó que el Estatut "debe seguir aplicándose" para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos.
El Síndic dispone de más competencias tras la aprobación de la nueva Ley del Síndic en diciembre de 2009 pero de aproximadamente los mismos recursos, explicó Ribó, y apuntó que uno de sus objetivos será reducir la falta de transparencia de las administraciones.
"Vamos retrasados" en materia de transparencia, añadió el síndic, que apostó por una "apertura total" en las cuestiones que incumben al ciudadano. En este sentido, afirmó que la información pública debería ser accesible 'on line' para todo el mundo.
En virtud de la nueva ley, el Síndic podrá interceder ante empresas privadas que ofrecen servicios de interés general, y ante el Consell de Garantías Estatutarias cuando considere que alguna de las leyes que se tramita en el Parlament catalán lesiona derechos. También velará por la aplicación del mecanismo catalán de prevención de la tortura, que se pondrá en marcha próximamente.
