MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Oficina del Defensor del Pueblo se dirigió anoche a la Comisaría General de Extranjera y Fronteras para llamar la atención sobre el caso de Vera, una mujer rusa de 52 años que denunció haber sufrido una violación y que iba a ser deportada este miércoles. A pesar de que la expulsión se ha paralizado, la mujer sigue detenida.
Según han informado a Europa Press en fuentes de la alta institución, la actuación de produjo a instancias de la Fundación Aspacia, organización que venía trabajando con la afectada para visibilizar la vulnerabilidad de las mujeres inmigrantes en situación irregular ante las agresiones sexuales.
La entidad señala que pese a la paralización de la expulsión, Vera sigue bajo custodia policial y exige su puesta inmediata en libertad. Si no se produce en las próximas horas, presentarán un 'habeas corpus' por detención ilegal, conforme han explicado a Europa Press en Aspacia.
Bajo un nombre falso, la mujer cuenta en un informe de la fundación cómo una ambulancia la recogió en una calle de Ourense después de sufrir una violación múltiple y explica que la Guardia Civil le tomó declaración en el hospital sin dar crédito a su denuncia. No llegó a comparecer ante un juez y fue ingresada en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Madrid, del que salió al cabo de 48 días, según señala el trabajo.
"Fue asaltada por dos hombres encapuchados que bajaron de un coche y a punta de pistola, la obligaron a subir a un monte cercano. Tras violarla y golpearla, la dejaron en el monte desnuda. Llegó al hospital en ambulancia. Después de hacerle las pruebas salió del hospital al que tuvo que regresar dos días después por sangrado vaginal. Un mes después, Vera recibió una factura del hospital por valor de 893,83 euros por las tres intervenciones médicas", concreta Aspacia.
El informe relata que en las semanas que siguieron a la agresión, "Vera no fue citada por el juzgado para comparecer como víctima", sino que "tras una sucesión de acontecimientos", fue denunciada por la policía por simulación de delito y el juez del caso cerró las diligencias sobre la violación que había abierto sin tomarle declaración.
