Actualizado 18/06/2010 14:28

El Defensor del Pueblo valenciano abre una queja de oficio para estudiar los centros de educación especial en Valencia

VALENCIA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana ha abierto una queja de oficio para conocer la situación de los centros de educación especial de la población de Requena (Valencia) y si la Consejería de Educación tiene planes de cerrar dos de los tres centros existentes, informó hoy la institución en un comunicado.

Así, José Cholbi se ha dirigido al consejero Alejandro Font de Mora en demanda de toda la información que exista sobre los tres centros especiales de dicha población y para conocer si la Consejería mantiene su decisión de agrupar a todos los niños y jóvenes con necesidades educativas especiales en un único centro.

El defensor del Pueblo valenciano ha abierto la queja de oficio como respuesta a la decisión de seis madres de alumnos con discapacidad del 'Serrano Clavero' de Requena de encerrarse en las instalaciones docentes, junto con sus hijos, al haberles notificado la Consejería de Educación que se iban a cerrar las tres aulas de educación especial que hay en el pueblo, agrupando a todos los niños con discapacidad en un solo centro, tal y como publican algunos medios.

En el 'Serrano Clavero' hay cinco niños con necesidades educativas especiales por padecer diversas patologías, tales como parálisis cerebral, síndrome de Down y retraso mental. Sus edades están comprendidas entre los 7 y los 18 años. Todos ellos disponen de una aula de educación especial desde hace más de seis años, aula en la que están integrados plenamente.

José Cholbi, como Alto Comisionado de las Cortes Valencianas, y de acuerdo con el Estatuto de Autonomía de la Comunidad --que en su Título II recomienda a los poderes públicos realizar una política de prevención, tratamiento y rehabilitación a favor de los disminuidos físicos, sensoriales o psíquicos, a los que es preciso prestar la atención especializada que requieren y ampararlos en el disfrute de los derechos que reconoce la Constitución Española-- ha tomado la decisión de requerir a la Consejería de Educación y demandarle toda la información que precisa para conocer en profundidad el caso en cuestión, concluyeron desde el órgano.

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