La Xunta agiliza vía decreto la tramitación de dependencia, cuyas ayudas percibe un 70% más de ciudadanos que en abril de 2009
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, denunció hoy que mientras la Xunta invierte 370 millones euros al año para aplicar la Ley de Dependencia, sólo recibe 150 del Estado para este fin, por lo que cifró la "deuda" de éste con Galicia en 220 millones y advirtió de que "no parará" hasta que cumpla su compromiso de aportar el 50 por ciento para su financiación.
Así se pronunció en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, en la que compareció acompañado de la responsable de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, junto a la que presentó el decreto de dependencia aprobado hoy mismo por el Gobierno gallego, que reduce de 18 a seis meses su tramitación y regula procedimientos de emergencia.
"Galicia cumple, pero el Estado no", lamentó el presidente, quien resaltó que la Xunta cerró el ejercicio de 2009 inyectando 100 millones de euros más a la dependencia, alcanzando los 370 millones de euros y subrayó que si la comunidad recibiese otros 370 --en vez de 150-- del Gobierno central, en Galicia cobrarían "todos los dependientes".
Con todo, el mandatario autonómico garantizó que la Xunta mantendrá su compromiso de poner "el cien por cien" de lo que le corresponda a la hora de financiar la aplicación de la norma, al tiempo que solicitará al Estado que "cumpla con su parte". "Y no pararemos hasta que lo consigamos", advirtió para enfatizar los logros de su Gobierno en su "inequívoca apuesta" por la dependencia.
Así, explicó que el "aumento" del presupuesto dedicado a este fin permitió que, a día de hoy, haya más de 24.000 gallegos que perciben las ayudas que otorga la Ley de Dependencia, lo que supone un 70 por ciento más que en abril de 2009. En relación con los grandes dependientes, el presidente señaló que hay 19.600 que perciben estas ayudas, superando "en un 20 por ciento" el compromiso electoral de cerrar 2009 con 16.500 grandes dependientes atendidos.
AGILIZACIÓN DE LOS TRÁMITES
En cuanto al decreto de dependencia aprobado hoy, Alberto Núñez Feijóo destacó que permitirá reducir los plazos globales de tramitación de 18 a seis meses, evitando la excesiva burocratización, y que priorizará la atención a los solicitantes con mayor grado de dependencia.
Para alcanzar este objetivo, se habilitará el uso de una "única" aplicación informática y se otorgará un papel "fundamental" a los ayuntamientos, en su condición de Administración más próxima al ciudadano, de donde partirán "preferentemente" las distintas solicitudes de valoración.
Así, en el momento de inicio del procedimiento, se pedirá toda la documentación necesaria, en la línea de facilitar su resolución con la mayor agilidad posible, sin tener que reclamar la intervención del interesado más que en los puntos que sean "estrictamente necesarios".
La norma aprobada hoy introduce otro elemento que, según Feijóo, ha sido "muy demandado" por las asociaciones sociales: la regulación de un procedimiento de casos de emergencia, por el que se establece el procedimiento a seguir en situaciones de desamparo, malos tratos o deterioro físico o psíquico "importante, permitiendo atender de forma "casi inmediata" los supuestos de extrema gravedad.
NORMA "PIONERA"
Por otra parte, Beatriz Mato subrayó que el decreto aprobado hoy está llamado a marcar "un antes y un después" en la aplicación de la Ley de Dependencia en Galicia, por la reducción de los plazos y, con especial atención, al reconocimiento del derecho a los dependientes fallecidos durante el proceso.
En lo que respecta a la regulación de este derecho, Mato señaló que, gracias a esta norma, Galicia se convertirá en "pionera" dentro del Estado y que va "por delante" de la propia Ley de Dependencia en la materia. Los dos requisitos para que se reconozca el derecho tras la muerte será que existan pruebas documentales del gasto efectuado, así como probar el nivel de dependencia del fallecido.
PLEXUS
Por otra parte, Beatriz Mato atribuyó las críticas de la CIG --que ayer denunció la "cesión ilegal" de 60 trabajadores de una empresa "vinculada al PP" (Plexus S.L.) a la Xunta para tramitar datos de dependencia-- a su malestar por el "éxito clamoroso" de la respuesta que el Gobierno autonómico en la atención a dependientes.
Así, negó que exista "cesión ilegal" alguna y apuntó que lo que hizo la Xunta fue contratar vía asistencia técnica a 60 trabajadores para agilizar la tramitación de la ley, de forma "perfectamente legal" y por el plazo "de un mes".
"La empresa ya estaba dentro del sistema", incidió la conselleira de Traballo e Benestar, en relación a la gestión de la anterior Vicepresidencia, con el nacionalista Anxo Quintana al frente, y recomendó a la CIG que hable "con el partido al que es afín".
Por último, sostuvo que estos empleados "sólo" realizan gestiones informáticas que no tienen nada que ver ni con el tratamiento de los expedientes ni con el proceso de valoración o resolución, por lo que su acceso a los datos es limitados. "Y aunque los manejasen, también están sometidos a la Ley de Protección de Datos", concluyó.
