Descarta la creación de un nuevo impuesto para financiar la Ley de Dependencia
MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -
La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, aseguró hoy, durante su comparecencia en el Senado, que la subida del IVA, programada para el próximo 1 de julio, tendrá una repercusión económica "mínima" para la mayoría de las personas en situación de dependencia porque "sólo pagan una parte del servicio prestado".
"Para los usuarios con rentas bajas, este incremento del IVA no tendrá ninguna repercusión, para el resto de los usuarios la repercusión será mínima", señaló la ministra, en respuesta a la pregunta de la portavoz del PP en la Comisión de Sanidad y Política Social en la Cámara alta, María Ángeles Font.
Así lo justificó Trinidad Jiménez, a tenor del acuerdo sobre la capacidad económica del beneficiario de la Ley para la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia y sobre los criterios de participación de éste en las prestaciones.
Aclaró, además, que el IVA en los servicios sociales de la Ley de Dependencia "es el reducido" y que con el nuevo modelo de financiación autonómica la recaudación de este impuesto se transfiere en un 50 por ciento a las comunidades, por lo que, a su juicio, "éstas dispondrán de más recursos para dedicar a la Dependencia".
Frente a las críticas del PP y CiU sobre la "carga económica" que supone para las comunidades autónomas el despliegue de la ley, que, según alertaron, supone "el 30% al Estado y el 70% a las administraciones autonómicas", la ministra pidió que "se diferencie" entre los presupuestos para la asistencia social y los dedicados a la Ley de Dependencia.
"LA DEPENDENCIA NO SE TOCA"
En materia de financiación, y preguntada por sobre las recomendaciones de los informes elaborados por un grupo de expertos, presentados hace ya siete meses, la ministra descartó la posibilidad de que el Gobierno cree un impuesto específico para financiar la atención a las personas dependientes. "A los informes teóricos hay que darles una traducción política y práctica", aseveró.
"La dependencia no se toca incluso en este momento de crisis económica porque es un compromiso indudable", sentenció la ministra ante la pregunta de la portavoz de CiU, Rosa Nuria Aleixandre, quien cuestionó si el recorte de 50 millones de euros anunciado por el Gobierno iba a afectar al sistema de Dependencia.
Tanto el PP como CiU mostraron su rechazo a que la mitad del total de las prestaciones y servicios para los dependientes se ciñan a la ayuda económica para los cuidados en el entorno familiar. "El ciudadano no sólo no tiene que pagar sino que cobra una paga de unos 500 euros, que en estos tiempos que corren vienen muy bien", ironizó la senadora Font.
Por su parte, la ministra indicó que el gran número de cuidadores no profesionales se deben a circunstancias sociales y "coyunturales" y se prevé que en el fututo estas cifras sobre cuidados familiares y residenciales "se invertirán" porque la mayoría de las mujeres trabajarán fuera del hogar y habrá servicios "de mayor calidad".
Sobre el próximo Consejo Territorial de Dependencia, la ministra avanzó que en el siguiente encuentro con los consejeros autonómicos se adoptará un acuerdo para mejorar el baremo y su aplicación, distribuir entre las comunidades los 283 millones de los fondos del nivel acordado y presentar un primer documento de buenas prácticas en la implantación de la ley.
