Sostiene que el Ejecutivo regional ha incumplido la Ley al no aportar los mismos fondos que el Gobierno central para su aplicación
VALLADOLID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -
El secretario del PSCL, Óscar López, responsabilizó hoy a la Junta de Castilla y León de que más de 2.300 castellanoleoneses dependientes no hayan visto reconocido aún su derecho a percibir las ayudas que otorga la Ley de Dependencia, contrariamente a lo ocurrido con otros 41.305 de la región que sí gozan ya de ellas, y achacó tal circunstancia al incumplimiento por parte del Ejecutivo regional de su obligación de aportar idénticos fondos para la aplicación de la ley que los consignados por el Gobierno de Rodríguez Zapatero.
López, quien inauguró hoy en las Cortes una jornada sobre la futura Ley de Servicios Sociales y de la Dependencia de Castilla y León, en la que, entre otros, participaron responsables en la materia de otras comunidades autónomas como Aragón y País Vasco, acusó a la Junta de "escatimar el dinero a los dependientes" de la Comunidad.
Así, recordó que en 2009 el Gobierno de Rodríguez Zapatero aportó a la región un total de 297 millones de euros para la aplicación de esta ley, el 52,71 por ciento de la financiación total, y la Administración regional tan sólo contribuyó con 266 millones, el 47,29 por ciento, y eso a pesar de estar obligada a consignar idénticos fondos.
El político socialista, en declaraciones recogidas por Europa Press, contextualizó la actuación de la Junta en esa estrategia del Partido Popular que desde hace más de tres años ha utilizado la Ley de la Dependencia estatal como punta de lanza para atacar al Gobierno.
FINANCIACIÓN DESIGUAL.
En esta línea, recordó que para 2010 la financiación de la misma en Castilla y León volverá a registrar aportaciones desiguales, ya que frente al 53,4 por ciento de consignación estatal la Administración regional tan sólo financiará un 46,6 por ciento, y eso a pesar de que la Comunidad percibirá otros 530 millones adicionales a través del nuevo modelo de financiación que deberían estar destinados a servicios sociales, educación y sanidad.
Por tal motivo, López denunció públicamente "falta de transparencia" por parte de la Junta y anunció que el Grupo Socialista pedirá en el Parlamento regional que el Consejo de Cuentas de Castilla y León realice un informe sobre la financiación de la Ley de Dependencia en la Comunidad, y todo ello en el convencimiento de que la política social de la Administración regional "no garantiza la atención a la gente que lo necesita y no existe suficiente control sobre la calidad de la atención a los mayores en residencias concertadas", capítulo en el que aseguró que sólo hay 1,26 plazas residenciales públicas o concertadas por cada 100 habitantes mayores de 65 años y 0,20 plazas en centros de día, y eso pese a ser el territorio más envejecido de Europa.
El dirigente socialista incluyó en el 'debe' del Ejecutivo regional la ausencia de un plan que garantice la atención a los enfermos de Alzheimer, "tan sólo subvenciones puntuales", o de una asistencia personalizada a las víctimas de violencia de género, así como la falta de medidas para garantizar la igualdad de oportunidades de los jóvenes y de los niños del medio rural, sin olvidar el incumplimiento de Herrera de la puesta en marcha de la Renta Básica de Ciudadanía.
"Aparece en la reforma del Estatuto aprobado hace más de dos años y aún no se ha puesto en marcha, pese a que el presidente prometió su aprobación antes del 30 de julio de 2009, cuando hoy es más necesaria que nunca debido a la grave crisis económica", incidió López, quien por ello anunció que reclamará en las Cortes que la Renta Básica de Ciudadanía se aplique con carácter retroactivo desde julio del pasado año.
Ante esta situación, el máximo responsable de los socialistas de Castilla y León aprovechó para demandar una Ley regional de Servicios Sociales y de la Dependencia que, como así criticó, "llega con once años de retraso" y que debería ser consensuada con todos los sectores interesados "para evitar que se convierta en mera propaganda y en más ruido que nueces. Esta Comunidad tiene un buen Estatuto de Autonomía, de primera, pero si no se aprueban este tipo de leyes será papel mojado", sentenció.
