MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -
La supresión aprobada hoy por el Consejo de Ministros de cinco direcciones generales de confederaciones hidrográficas y tres direcciones generales más de Institutos de Investigación, que afectan al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y al Ministerio de Ciencia e Innovación, respectivamente, no afectará a las competencias ni al trabajo de los hasta hoy directores generales, que mantendrán sus cargos, aunque sí implicará un descenso en la escala administrativa.
Así, fuentes del MARM explicaron a Europa Press que el cambio "no afecta para nada" a las competencias de las Confederaciones Hidrográficas afectadas (Cantábrico, Miño-Sil, Segura, Guadalquivir y Canales de Taibilla), que "continúan siendo las mismas" ni tampoco afectan a su funcionamiento.
De este modo, los presidentes de dichas Confederaciones mantendrán su cargo de presidente en la Confederación "aunque no el rango" de director general "con el ahorro que conlleva". No obstante, las Confederaciones Hidrográficas dependen de la directora general del Agua del MARM, Marta Morén.
En la misma línea, fuentes del Ministerio de Ciencia señalaron que sobre todo la modificación implica que la figura de director general de los Organismos Públicos de Investigación (OPI) afectados, seguirán siendo los directores de dichos organismos pero se acogerán al rango de subdirector.
Los tres OPIs afectados son el Instituto Geológico y Minero de España, el Instituto Español de Oceanografía y el Instituto Nacional de Tecnología Agraria y Alimentaria.
BAJADA DE SUELDO
Los directores generales disminuirán en la escala, lo que lleva aparejado una disminución de sueldo y de posibilidades tales como coche oficial --un subdirector no tiene-- o la categoría de hotel en el que se hospeda en viajes laborales, entre otras cosas.
La medida se engloba dentro del Acuerdo sobre racionalización de estructuras en la Administración General del Estado, reducción de altos cargos y reordenación del sector público empresarial, aprobado hoy en el Consejo de Ministros.
Durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, indicó que con este acuerdo el Gobierno pretende dar "respuesta al compromiso" de poner en marcha un plan para disminuir de manera "significativa" los gastos de personal y de funcionamiento en la Administración General del Estado, garantizando el mantenimiento de su capacidad en la prestación de servicios a los ciudadanos.
De la Vega subrayó que el proyecto es consecuencia del "esfuerzo de austeridad" que está realizando el Gobierno para el restablecimiento de la estabilidad presupuestaria y la reducción del déficit hasta el 3 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) en 2013.
