VALENCIA, 31 May. (EUROPA PRESS) -
La Generalitat valenciana estudiará acciones jurídicas, legales y políticas contra el Gobierno central por su postura ante los 'chiringuitos' de las playas, cuyas terrazas deberán retirarse tras haberles denegado una prórroga, tal y como solicitaban, según avanzó hoy el consejero de Gobernación, Serafín Castellano.
Castellano se pronunció en estos términos en una rueda de prensa sobre la firma de un convenio de colaboración la Asociación de Víctimas del Terrorismo, al ser preguntado por si el Ejecutivo central ya había fijado una fecha para reunirse con el Consejo, tal y como dijo el vicepresidente del Gobierno, Manuel Chaves, quien puso como fecha límite el mes de mayo.
Al respecto, el consejero lamentó que "una vez más, el Gobierno miente y no cumple la palabra", puesto que a día de hoy, 31 de mayo, no han recibido ninguna propuesta de reunión, tal y como señaló Chaves, para hablar sobre 'chiringuitos' y otros asuntos relacionados con el 'parany', la Ley de Régimen Económico Matrimonial o de El Cabanyal.
En el caso concreto de los 'chiringuitos', Castellano afirmó que "clama al cielo" la política que se está haciendo respecto "a un sector tan importante en la Comunidad". "Se han pasado muchos meses diciendo a los hosteleros que no pasaba nada, que iban a llegar a un acuerdo, que no era verdad que se iban a cerrar las terrazas", y "no ha sido así".
Indicó que "hoy se ha demostrado que han mentido, una vez más, y han intentado engañar a un sector que se encuentra en una situación de inseguridad jurídica total, y con el que no se quiere tener ningún tipo de diálogo", lamentó.
Frente a ello, el consejero recordó que el Gobierno valenciano dio soluciones, como la petición de transferencia de competencias, o la aplicación de una moratoria para seguir aplicando concesiones hasta llegar a una solución. Porque, dijo, "si la Ley de Costas es para toda España, los valencianos no tenemos por qué ser menos, no se puede tan restrictivo en la autonomía hasta el punto de tener que cerrar", señaló.
"LA REALIDAD"
En estos momentos, el consejero recordó que esta normativa no afecta sólo a ocho locales, tal y como afirmó el Gobierno central, sino a seis en Sagunt, y otros 38 ó 40 en Pinedo y en El Saler, además de otros locales. "Ésta es la realidad", aseguró.
Así, y ante esta situación, Castellano anunció que la Generalitat va a estudiar acciones jurídicas y legales contra el Gobierno, en la línea en la que lo están haciendo el Ayuntamiento de Valencia o el de Sagunt. "Vamos a ser solidarios y a ayudarles", dijo.
"No queremos ser discriminados de manera clara, como está pasando", por lo que aseveró que estudiarán "todas" las acciones legales, jurídicas y políticas a su alcance. "No vamos a consentir más discriminaciones de este tipo", puntualizó.
