MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno descarta "por el momento" aprobar una nueva instrucción sobre los informes de integración de inmigrantes, después de que en junio la Secretaría General de Inmigración y Emigración, dependiente del Ministerio de Empleo, emitiera una instrucción que derogaba la normativa que establecía los criterios generales para su elaboración.
En concreto, emitió una instrucción que derogaba la normativa sobre la elaboración por parte de las administraciones autonómicas y locales de los informes de integración que requieren los inmigrantes para realizar distintos trámites, como la reagrupación en España de sus familiares.
El Ejecutivo lo confirma así en una respuesta parlamentaria dirigida al portavoz de CiU en el Congreso en la materia, Antoni Picó, a la que ha tenido acceso Europa Press, después de que el nacionalista catalán cuestionara al Gobierno sobre los efectos que iban a tener estos informes de integración.
Así las cosas, el Gobierno mantiene que el informe de esfuerzo de integración sigue "plenamente vigente", con el contenido y naturaleza y para los procedimientos establecidos por la Ley Orgánica de Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, así como su reglamento de desarrollo, siendo las comunidades autónomas competentes para su emisión.
Según insiste el Ejecutivo, un análisis de la aplicación práctica de la citada instrucción puso de manifiesto la "poca o nula eficacia de la misma", ya que, en ocasiones, se limitaba a repetir contenido reglamentario y, en otras, a abordar materias que exceden de la mera interpretación normativa. "Por lo que se consideró oportuno anular su contenido mediante una instrucción", sentencia.
Es más, sostiene que las instrucciones emitidas sobre la materia han sido "reiteradamente objeto de críticas" por parte de las comunidades autónomas competentes para la emisión del citado informe, en reuniones mantenidas con la Secretaría General de Inmigración y Emigración. "En consecuencia, carece de relevancia la derogación de la citada instrucción y su no sustitución por otra", sentencia el Gobierno.
La instrucción argumentaba que tras realizar una "valoración" de los resultados de la normativa se había llegado a la conclusión de que "no había contribuido a los objetivos de clarificación y homogeneidad en la aplicación de la figura jurídica a que se refiere".
"Esta Secretaría General ha iniciado una labor tendente a la búsqueda de mecanismos que contribuyan con mayor eficacia al alcance de dichos objetivos", rezaba la nueva orden.
