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MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -
El pleno del Congreso de los Diputados dará este jueves luz verde definitiva al Proyecto de Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de Modificación de la ley de Costas con el refrendo de las enmiendas introducidas por el PP en el Senado.
El texto se aprobó el pasado 24 de abril en la Cámara Alta con la mayoría del PP, la abstención de CiU y la oposición del resto de los grupos parlamentarios que, en total, presentaron cinco vetos a la totalidad del texto y 9 votos particulares.
El proyecto de Ley ha incorporado en el Senado las enmiendas del PP así como la enmienda 131 de CiU, pactada con el PP por la que se desarrollará reglamentariamente un régimen de ocupación y uso de las playas según su naturaleza. Concretamente, con la introducción de un nuevo apartado al artículo 33 del texto, se dotará a los tramos naturales de las playas de un elevado nivel de protección que restrinja las ocupaciones y se autorizarán "únicamente las que sean indispensables o estén previstas en la normativa aplicable".
Además, se regulará la ocupación y el uso de los tramos urbanos de las playas, de forma que se garantice una adecuada prestación de los servicios que sea compatible con el uso común.
Asimismo, mediante la introducción de este nuevo apartado en el artículo 33 del Proyecto de Ley, podrá autorizarse en los tramos urbanos la celebración de aquellos eventos de interés general con repercusión turística que cumplan los requisitos que se establezcan y, en particular los relativos a superficie y tiempo de ocupación física. También señala que en estos eventos se adoptarán "todas las medidas preventivas tendentes a evitar cualquier afección ambiental y garantizar el mantenimiento del tramo de playa "en el estado anterior a la ocupación".
En total se han discutido más de 170 enmiendas a este proyecto de las que han sido rechazadas todas menos las del PP y dos transacionadas con CiU.
Entre las novedades de la Ley está la reducción del la franja de protección del litoral de 100 a 20 metros en algunas circunstancias; que se revisarán los deslindes y que los "propietarios" de los terrenos amenazados por la invasión del mar o de las arenas de las playas, por causas naturales o artificiales podrán construir obras de defensa, previa autorización, o concesión, siempre que no perjudiquen a la playa ni a la zona marítimo-terrestre, ni menoscaben las limitaciones y servidumbres legales correspondientes.
Una vez los terrenos sean invadidos pasarán a formar parte del dominio público marítimo-terrestre, según resulte del correspondiente deslinde. En todo caso, la norma establece que el adjudicatario estará "obligado" a adoptar medidas requeridas por la administración para adaptarse a la subida del nivel del mar, los cambios en la dirección del oleaje u otros efectos del cambio climático.
En cuanto a los periodos de las concesiones, que con la ley de 1988 eran de 30 años, más otros 30 de posible prórroga, con el nuevo proyecto de Ley pasan a 75 años y los concesionarios podrán traspasar las propiedades (por el periodo de tiempo restante de la concesión). Además, durante este periodo también se podrán heredar por parte de familiares.
Asimismo, con la norma que mañana pasará el visto bueno del Congreso para su posterior sanción definitiva por el Rey, no se podrá otorgar ningún nuevo título de ocupación del dominio público marítimo terrestre en los terrenos que sean declarados en regresión grave y, excepcionalmente, en las zonas en las que "no exista riesgo cierto de inundación en los próximos cinco años, la declaración podrá prever que se otorguen derechos de ocupación para servicios públicos que serán prorrogables.
La norma contemplará también la posibilidad de celebrar eventos de interés general con repercusión turística en algunos tramos de playa y se podrán permitir los usos comerciales y de restauración en la zona de servicio portuaria, donde se prohíben las edificaciones para residencia o habitación.
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE LOS CONCESIONARIOS PARA OBRAS
Asimismo, el texto que visará el Congreso este jueves recoge que se podrán imponer contribuciones especiales a los beneficiarios y, especialmente, los titulares de derechos de ocupación y los propietarios de fincas y establecimientos colindantes para financiar las obras que se realicen en el dominio público marítimo terrestre que, en todo caso, no podrán superar el 50 por ciento del coste de las obras.
El proyecto incluye en el dominio público marítimo terrestre en la isla de Formentera "con carácter excepcional y debido a la especial configuración geomorfológica" los terrenos bañados por el mar y las mareas y las mayores olas en los temporales ordinarios en donde no lo sean y las playas, entendiendo por ellas las riberas de mar o de las rías formadas por arenales o pedregales.
También expone que se reintegrará el domino de los terrenos de las urbanizaciones que dejen de formar parte del dominio público marítimo terrestre.
Entre las exclusiones, también se quedarán fuera de deslinde los núcleos o áreas que cuando entró en vigor la Ley 22 de 1988 no estuvieran clasificados como suelo urbano pero que cumplieran con algún requisito como acometida de aguas, acceso rodado, evacuación de aguas residuales, suministro de energía eléctrica y estuvieran consolidadados por la edificación en al menos un tercio de su superficie o bien, que careciendo de estos requisitos estuvieran en áreas consolidadas de edificación como mínimo en dos terceras partes
de su superficie.
Finalmente, el proyecto de ley excluye o amnistía el dominio público marítimo terrestre un total de 12 municipios, dos de los cuales han sido añadidos en el Senado. Se trata de Poblado Marítimo de Xilxes (Castellón), Moaña (Pontevedra); Serra Grossa (Alicante); Puerto de Santa Pola (Alicante); Empuriabrava (Gerona); Playa de Aro (Gerona); Ría Punta Umbría (Huelva); Caño del Cepo y casco urbano de Isla Cristina (Huelva); Pedralejo (Málaga) y El Palo (Málaga).
