MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -
La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha asegurado en la sesión de control al Gobierno que la reforma local, aprobada en 2013, no supone ningún cambio en la gestión y conservación de las playas, en respuesta al diputado de CiU, Carles Páramo quien así lo denunciaba en la sesión de control al Gobierno de este miércoles en el Congreso.
"La reforma local no supone cambio alguno en cuanto a la gestión de estas zonas y por tanto no plantea ningún agravio. En todo caso el Gobierno estudiará los cambios en el sistema de financiación autonómica y local que se puedan plantear", ha indicado.
Así, ha subrayado que los municipios costeros cuentan con los ingresos derivados de la gestión de las playas y con la colaboración del Gobierno para la protección de sus playas y zonas de baño y la gestión del salvamento.
Carles Páramo, por su parte, ha denunciado que la Ley de Costas "impone" a los ciudadanos de los municipios turísticos costeros el pago y mantenimiento de las condiciones de salubridad e higiene de las playas, así como la gestión del salvamento, dos servicios que deben pagar con sus impuestos, en detrimento de los que sus ayuntamientos deberían ofrecerles.
Entre otras cuestiones ha pedido al Gobierno que evalúe la carga económica de los gastos asumidos en la gestión de las playas para estos municipios turísticos, y en base a las liquidaciones de 2010 hasta 2014. También quiere que analice si los Presupuestos deberían proveer el gasto a quienes los soportan.
Además, ha agregado que la reforma local no ha introducido ninguna novedad sobre la gestión de playas y zonas de baño y lo relativo al dominio público marítimo terrestre sigue teniendo amparo en las competencia de los municipios. "La normativa de costas concreta las competencias de acuerdo con la ley local, y sin que haya contraposición ninguna", ha apostillado.
Finalmente, la ministra ha recordado que la reforma de la Ley de Costas impulsada por este Gobierno no introduce ningún cambio a este respecto y en el artículo 115 se establece como competencia municipal mantener las playas y lugares públicos de baño en condiciones de salubridad, así como el salvamento y seguridad de las vidas humanas.
Conforme a la Constitución, ha dicho, el Estado debe velar por la integridad del dominio público marítimo terrestre, incluyendo playas y zonas de baño y garantizar su uso libre y gratuito.
