"Si hubiera una voluntad expresa del Gobierno de cargarse la dependencia, sería tan sencillo como derogarla", ha señalado
MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -
El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno, se ha mostrado "partidario de que la Administración local tenga la competencia y la financiación" en materia de Servicios Sociales y así lo ha expresado ante la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de los Diputados, donde ha dado respuesta a diez solicitudes de comparecencia registradas en los últimos meses por el Grupo Socialista, la Izquierda Plural, CiU y su propio departamento.
Moreno considera que desde la cercanía se presta mejor el servicio y por eso defiende que los consistorios mantengan esta competencia en la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local que prevé el Gobierno. No obstante, ha advertido de que existe "una complejidad desde el punto de vista constitucional en el ámbito de las competencias" y por ello, será necesario "buscar fórmulas imaginativas de colaboración y cooperación" para salvarlo.
Por otra parte, se ha referido al Plan Concertado de Servicios Sociales y ha afirmado que "la voluntad del gobierno es mantenerlo" en 2014, aunque "las comunidades autónomas, que son las competentes exclusivas, tienen que hacer un mayor esfuerzo", porque en su opinión, "no puede ser que pongan un 34 por ciento del presupuesto y las administraciones locales, que no son las competentes, un 56 por ciento".
En todo caso, considera que "no se puede afirmar que se esté dinamitando" el Plan Concertado, porque la aportación del Estado es "minúscula", del 5,7%, y su continuidad depende de la "disponibilidad presupuestaria". Con todo, conforme ha recordado, se trata de una competencia de las comunidades autónomas que ya tiene satisfacción presupuestaria mediante la financiación autonómica.
Otro de los asuntos que ha centrado su intervención es la Ley de Dependencia, por las críticas de los portavoces de PSOE, CiU, Izquierda Plural y UPyD, que han coincidido en denunciar tanto los recortes presupuestarios como las reformas que se han venido llevando a cabo, interpretando que se trata de un desmantelamiento del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia.
Moreno ha defendido que "nunca ha sido la voluntad del Gobierno" acabar con la Dependencia. "Si queremos, es tan sencillo como derogarla. Tenemos una mayoría parlamentaria que lo apoya. Si hubiera una voluntad expresa del Gobierno de la nación de cargarse la dependencia, sería muy sencillo, igual que ha habido otras leyes que se han derogado, se derogaría y sería perfectamente legítimo", ha señalado.
Según ha dicho, la intención del Gobierno es "todo lo contrario", hacer la ley "sostenible en el tiempo y hacerla sobrevivir" a lo que ha tildado de "tsunami social y económico". "Por eso hemos tenido que coger el toro por los cuernos", y reformar un sistema "absolutamente colapsado". En su opinión, este "esfuerzo" ha logrado una reducción del 25 por ciento de la lista de espera pese a la incorporación de 132.000 nuevos dependientes.
La portavoz socialista, Rosa Aguilar, ha pedido al secretario de Estado que "no se ponga medallas" porque la reducción de la lista de espera de la Dependencia "se mide por los fallecimientos" de quienes tienen concedido el derecho pero aún no han entrado en el sistema. En su opinión, el Gobierno está "derogando por la puerta de atrás" la ley en un proceso de "desmantelamiento pleno y total".
Asimismo, se ha referido al II Plan de Infancia y Adolescencia recientemente aprobado para exigir a Moreno que "no haga trampas con los temas de infancia" y "no confunda ni falte a la verdad a la ciudadanía". Aguilar afirma que el Ministerio de Sanidad "ha ocultado" que su aportación a las políticas de inclusión que contempla esta iniciativa se reduce a 31.035 euros. "Significa que a los 2,3 millones de niños que tenemos por debajo del umbral de la pobreza les corresponde un céntimo por cabeza", ha apuntado.
"SU ÚNICA RESPUESTA ES RECORTAR", DICE CIU
Por su parte, el portavoz de CiU, Carles Campuzano, ha afirmado que en año y medio el Gobierno "no ha sido capaz de plantear un proyecto inteligente de abordaje de dependencia a medio ni largo plazo", no ha formulado "ninguna respuesta concreta de cómo abordar el aumento de personas con necesidad de cuidados de larga duración" y "su única respuesta es recortar". En su opinión, llegará un punto en que "la inmensa mayoría de las clases medias" quedarán "sin ningún tipo de respuesta" ante esta situación.
Para la portavoz de Izquierda Plural, Caridad García, Moreno vive "en un mundo diferente" ya que lo que cuenta "nada tiene que ver con la realidad del país". "Tal y como ustedes están derivando la situación para que cada vez haya más desigualdades, me gustaría saber si la esperanza de vida va a ser mayor para las clases altas que para el conjunto de los ciudadanos", ha señalado, para incidir en que "están recortando a los que menos tienen".
Desde UPyD, Toni Cantó ha expresado preocupación no por la política de austeridad, "sino por cómo se aplica" y se ha referido a los "graves recortes que casi dejan inviable" la Ley de Dependencia, que a su juicio "estaba bien aunque no suficientemente sustanciada" a nivel presupuestario. El diputado ha planteado que "miles de dependientes fallecerán sin atención" y que el empobrecimiento de las familias se agudizará por la reducción de las ayudas porque "queda sin contenido una ley que habia supuesto uno de los mayores avances en protección social".
En su intervención, Moreno se ha referido además, a otros asuntos en los que trabaja su departamento, como la reforma de la legislación general de Discapacidad, de la que ha dicho que "está en fase última de preparación", el también pendiente Plan Integral de Apoyo a la Familia y el Estatuto del Mayor, para el que se está "trabajando en la adaptación del texto a las orientaciones" de la Unión Europea.
