Actualizado 08/02/2010 19:08

La necesidad de retocar la Ley del Menor se abre paso en la cita de Justicia con partidos para reformar el Código Penal

Caamaño se compromete a reunirse con cada grupo parlamentario para intentar aproximar posiciones


MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, y los portavoces de esta materia en el Congreso de los Diputados analizaron este fin de semana en Santiago de Compostela el proyecto de reforma del Código Penal que se tramita en el Congreso y, además de coincidir en la conveniencia de actualizar la legislación a nuevos delitos, asumieron la necesidad de introducir también retoques en la Ley del Menor "en algunos aspectos".

Según se informó a Europa Press en fuentes parlamentarias, la 'cumbre de Santiago' transcurrió con "buen ambiente" y hubo "buena disposición" de llegar a acuerdos, si bien se mantienen las discrepancias en cuanto a los contenidos concretos de los cambios.

Todos los partidos con representación parlamentaria compartieron la necesidad de reformar la Ley del Menor, una norma que, según apuntaron las fuentes consultadas, ha quedado "obsoleta en poco tiempo". Sin embargo, este asunto no logró reunir el consenso de los grupos en cuanto a la forma de llevar a efecto esa mejora.

El PP ya propuso que los delincuentes menores pudieran ingresar en prisión al cumplir los 18 años para cumplir el resto de la pena, una posibilidad que ya se contempla en la ley de 2006 pero cuya aplicación es casi nula.

EL PP SE QUEDA SOLO CON LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE

Asimismo, en dicho encuentro los asistentes apuntaron la necesidad de reformar el tratamiento punitivo para determinados fenómenos delictivos de nuevo cuño que la última reforma del Código Penal no supo prever.

El proyecto del Gobierno ya recoge una revisión global del Código de 1995 pero en los últimos tiempos han surgido nuevas iniciativas al hilo de la actualidad. Entre otras cosas, el PP llegó a proponer medidas accesorias posteriores a la condena, como la vigilancia de terroristas excarcelados.

En este materia, se escenificó la distancia existente entre el PP y el resto de grupos parlamentarios, discrepancias que se agravaron al discutir medidas próximas a la cadena perpetua o lo que el principal partido de la oposición ha definido como "prisión permanente revisable".

Ante este panorama, todos los grupos parlamentarios han acordado ampliar hasta el próximo martes, 16 de febrero, el plazo de presentación de enmiendas a la reforma del Código Penal, que en principio concluía mañana y que ahora no descartan nuevas prórrogas hasta fin de mes.

Pero, además, el ministro de Justicia va a citar por separado en los próximos días a cada uno de los grupos parlamentarios para mantener reuniones en las que poder acercar posiciones sobre éstos y otros asuntos, porque las fuentes consultadas aseguran que la experiencia ha demostrado que encuentros colectivos como el de este fin de semana no suelen ser "muy fructíferos".

EL CONSENSO VA A SER COMPLICADO

No obstante, añaden que las posibilidades de consenso entre el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero y el partido de Mariano Rajoy van a ser "muy complicadas" porque las posiciones de socialistas y 'populares' en este sentido son "manifiestamente contrarias". De hecho, y con respecto a la pretensión del PP de introducir el debate sobre la cadena perpetua revisable, el presidente del Gobierno ya tachó esa iniciativa de "oportunista".

También el resto de partidos con representación parlamentaria, a excepción de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), han venido criticando la idea de los 'populares', a los que acusan de haber aprovechado los casos de Marta del Castillo y Sandra Palo para rescatar el debate sobre la cadena perpetua, la cual, según han venido recalcando, no tiene cabida en la Constitución.

Además del Código Penal, la Comisión de Justicia habrá de acometer este semestre la reforma del Registro Civil que ya ha terminado de diseñar el Gobierno. Lo que no espera para antes de junio es la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, donde planea la opción de que los fiscales se hagan cargo de la fase de instrucción, que no cuenta con una aceptación unánime.