Un total de 13 países pactarán una norma para agilizar los divorcios internacionales
BRUSELAS, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -
El nuevo Gobierno británico dirigido por el conservador David Cameron amenaza con tumbar la orden europea de protección para mujeres maltratadas que promueve España. La presidencia española pretendía un acuerdo político en la reunión de ministros de Justicia de la UE que se celebra hoy en Luxemburgo. Pero el cambio de postura de Londres, que ha pasado del apoyo a la abstención, deja a España sin la mayoría suficiente para aprobar la norma, explicaron fuentes diplomáticas.
El objetivo de la propuesta española es que cualquier medida de seguridad dictada por un Estado miembro para proteger a una persona amenazada, por ejemplo una orden de alejamiento para un maltratador, se ejecute también automáticamente en cualquier otro país de la UE al que la víctima se traslade. El problema es que en algunos países estas medidas se adoptan en procedimientos penales, en otros como Alemania en procedimientos civiles y otros como Reino Unido tienen un sistema mixto, lo que dificulta crear un instrumento común.
La vicepresidenta de la Comisión y responsable de Justicia, Viviane Reding, se opone a la propuesta española por considerar que utiliza una base jurídica inadecuada. A su juicio, ello perjudicará a las víctimas en lugar de ayudarlas y sólo beneficiará a los abogados al aumentar el número de litigios. La vicepresidenta amenazó incluso con llevar este instrumento ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo si finalmente se aprueba.
Pese a estos ataques, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, logró el pasado 23 de abril el apoyo de una mayoría suficiente de Estados miembros. Pero la deserción de Reino Unido tras el cambio de Gobierno complica las cosas a Caamaño. La delegación británica ha comunicado a la presidencia que si hay una votación se abstendrá, en cuyo caso la propuesta española quedará derrotada.
Pero también cabe la posibilidad de que el ministro de Justicia no pida un voto sino que se limite a constatar que hay una mayoría suficiente para iniciar las negociaciones con la Eurocámara, que también tiene poder legislativo, según explicaron las fuentes consultadas. En ese caso, se registraría un acuerdo político, tal como quiere España, salvo si algún país pide que se vote.
En 2008, se dictaron 118.000 medidas de protección para víctimas de delitos en el conjunto de la UE. No hay datos disponibles sobre las víctimas que se trasladaron a otro Estado miembro, pero si fuera únicamente el 1% del total ya significaría 1.180 casos al año, según una evaluación de la presidencia española.
Los ministros de Justicia de la UE aprobarán además tramitar mediante el mecanismo de 'cooperación reforzada' la nueva norma de la UE que determinará la ley aplicable a los divorcios internacionales, cuyo objetivo es reducir los costes y agilizar los procedimientos. Este procedimiento, que se utiliza por primera vez, permite que un grupo de países avance más rápido que el resto, consagrando así la Europa a dos velocidades.
En este caso, serán 13 los países que avancen en materia de divorcios internacionales: España, Austria, Bulgaria, Francia, Hungría, Italia, Luxemburgo, Rumanía, Eslovenia, Alemania, Bélgica, Letonia y Malta. Grecia, que iba a participar en un primer momento, ha decidido retirarse.
El mecanismo de 'cooperación reforzada' --similar al procedimiento que se utilizó para lanzar el euro o el espacio sin fronteras Schengen-- se utilizará para los divorcios internacionales porque Suecia ha vetado que la UE apruebe una ley en esta materia. Las autoridades suecas alegaron que no quieren que un tribunal suyo aplique una ley de otro país. Como la legislación de la UE sobre derecho de familia exige unanimidad, la única manera de sortear este bloqueo es mediante la cooperación reforzada.
Cada año, alrededor de 140.000 parejas internacionales se divorcian en la UE, cifra que representa el 19% del total de las separaciones, según los datos de Bruselas. La Comisión pretende reforzar la seguridad jurídica en estos casos para determinar cuestiones como quién se quedará con la custodia de los hijos o cómo se repartirá el patrimonio.
En la actualidad, las normas sobre divorcios internacionales varían mucho de un Estado a otro. Ello facilita que el cónyuge que puede permitirse los costes del viaje y los gastos del abogado acude al tribunal donde obtendrá el mejor resultado, en perjuicio del cónyuge más débil y a menudo en perjuicio de los hijos.
Además, los conflictos de leyes dan lugar a situaciones de especial complejidad jurídica y numerosos costes, dificultando los divorcios de mutuo acuerdo y los divorcios ya previstos, según la Comisión.
