MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -
Las ONG especializadas podrán acceder a las mujeres potenciales víctimas de trata antes de que sean entrevistadas por la Policía en las fronteras, en las costas y en las ciudades de Ceuta y Melilla, tal y como recoge el II Plan Integral contra la Trata de Mujeres y Niñas con fines de explotación sexual difundido este miércoles por el Gobierno.
El plan, con vigencia hasta 2018, recoge esta medida bajo el objetivo de mejorar en detección e identificación. En 2014, las fuerzas policiales contactaron con 14.000 mujeres en riesgo, de las que 900 fueron identificadas como víctimas, en 153 casos de un delito de trata de seres humanos y en los 747 restantes, de un delito de explotación sexual.
El documento oficial compromete la "mejora de la detección de posibles víctimas de trata con fines de explotación sexual en frontera, en costas y en las Ciudades de Ceuta y Melilla, mediante el acceso de las organizaciones especializadas en la materia con carácter previo a la entrevista de identificación formal que realiza la autoridad policial competente", pero no sólo.
En la misma línea, establece que se adoptarán medidas para "facilitar el acceso de las organizaciones especializadas a las mujeres rechazadas en frontera, a fin de reforzar la detección de posibles víctimas de trata de seres humanos" y se dictarán "instrucciones en desarrollo del procedimiento para la identificación formal de posibles víctimas".
Figura asimismo un grupo numeroso de medidas sobre "formación específica" y/o "capacitación", que se habrá de impartir a todos los profesionales que puedan tener contacto con víctimas de trata, desde el personal consular o el militar en misiones en el exterior hasta los propios agentes de fronteras, pasando por el personal que tramita solicitudes de asilo, el de los Centros de Internamiento de Extranjeros o el de las Oficinas de Extranjería.
Para los médicos también se prevé "formación, información y difusión de materiales", así como la elaboración de un "protocolo común de actuación sanitaria para la detección y derivación de posibles situaciones de trata con fines de explotación sexual y la mejora de la atención a las víctimas" y otro específico forense para la actuación pericial con estas mujeres y niñas.
CRITERIOS PARA PERMISOS DE RESIDENCIA
En materia de protección, se contemplan algunas novedades, como la creación de "un grupo de trabajo para agilizar los procesos de documentación de las víctimas de trata" o el "establecimiento de criterios para la concesión de permisos de residencia por circunstancias excepcionales atendiendo a la colaboración de la víctima para los fines de la investigación o de las acciones penales".
Conforme los datos que recoge el Plan, de las 153 víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual identificadas en 2014, 39 eran extranjeras en situación irregular. A todas se les ofreció el periodo de restablecimiento y reflexión que contempla la ley, un plazo recientemente ampliado a 90 días, durante el que decidir bajo protección y asistencia integral si denuncian o no a sus tratantes.
El documento no concreta cuántas de esas 153 mujeres se acogieron a este tiempo para reflexionar, pero dice que aquel año se concedieron 11 autorizaciones de residencia por razones humanitarias a víctimas de trata y otras 20 por colaborar con la investigación policial del delito. Contempla, con todo, que se elaborarán "pautas de actuación sobre el ofrecimiento, tramitación y concesión del período de restablecimiento y reflexión".
