La única reforma legal planteada por la Ponencia sobre Prostitución se refiere a la protección de los menores de edad.
MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Mixta Congreso-Senado de los Derechos de la Mujer recomendará previsiblemente mañana al Gobierno que, en el plazo de seis meses, elabore un Plan para luchar contra la explotación sexual. Se trata de un voto particular de CiU al informe de la Ponencia que ha estudiado la situación de la prostitución en España y que mañana será debatido en Comisión para su aprobación definitiva.
Socialistas y 'populares' ya adelantaron hoy su apoyo para que esta recomendación se incorpore al dictamen definitivo del Parlamento. Finalmente, el informe, que opta por no regular la prostitución, será apoyado por PSOE, PP y CiU y rechazado por IU-ICV, ERC y EA.
La autora de esta sugerencia, la parlamentaria de CiU, Mercé Pigem, comentó que esta petición pretende que las conclusiones de la Ponencia no queden en papel mojado. En declaraciones a Europa Press, señaló que aunque el Ejecutivo ya tiene previsto aprobar un plan contra el tráfico de personas con fines de explotación sexual, es necesario también que el resto de medidas tendentes a erradicar la prostitución, forzada o voluntaria, sean puestas en marcha.
Así, según la propuesta de CiU, el Plan deberá recoger las recomendaciones en el ámbito general y aquellas medidas específicas de sensibilización, formación y atención integral a las víctimas, las medidas legislativas y policiales y las medidas de actuación en el ámbito internacional.
"Respetamos absolutamente las posiciones individuales de cada uno, pero como responsables políticos, definimos en el informe qué tipo de sociedad queremos", comentó Pigem.
Desde el PSOE, la parlamentaria María Escudero, que adelantó a Europa Press el apoyo de su formación a este voto particular, apuntó que el Ejecutivo ya tiene prácticamente ultimado un plan (referido al tráfico de personas con fines de explotación sexual) y que está esperando a su aprobación para introducir todas las recomendaciones del Parlamento que no estén todavía incorporadas.
Escudero también defendió el trabajo de los ponentes frente a quienes critican el informe al entender que no se pronuncia ni por la vía regulacionista ni por la abolicionista. "La prostitución en España no es una actividad ilegal --argumentó--. Hemos decidido priorizar la atención a las víctimas de explotación sexual porque son la mayoría de las mujeres que hay en España dedicadas a esta actividad".
REFORMA DEL CÓDIGO PENAL.
En todo caso, la única reforma legal que propone el Parlamento al respecto es una modificación del Código Penal dirigida a potenciar la protección de los menores de edad frente a la prostitución y otros atentados contra su indemnidad sexual.
El texto de la Ponencia, que sufrirá mañana algunas variaciones fruto de la incorporación de transacciones negociadas entre los grupos, pone de manifiesto que existe un incremento de la demanda de prostitución por parte de los varones más jóvenes e indica que, en el marco de la sociedad de consumo se incrementa la percepción social del sexo como un producto más de consumo puesto que lo encuentran en el mercado.
Por eso, otro de los consejos esenciales consisten en la realización de campañas de sensibilización dirigidas a reducir la demanda, que permitan modificar la percepción social del uso de las mujeres como mercancía sexual y obtener una repulsa social generalizada hacia el comercio sexual.
ANUCIOS DE CONTACTOS SEXUALES.
La Ponencia insiste en solicitar a los medios de comunicación que en el marco de sus códigos deontológicos se planteen la renuncia a la publicidad relacionada con el comercio sexual.
Junto a ello, plantean la ratificación de Convenios internacionales, la protección de las víctimas, la especialización de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de los operadores jurídicas, y planes de soporte integral a las víctimas, incluida la concesión de permisos de residencia a extranjeras prostituidas que cooperen con las autoridades.
En definitiva, el Parlamento no contempla ningún tipo de regulación de la actividad al entender que la prostitución debe incluirse en el marco del Convenio de Naciones Unidas para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación Sexual Ajena, que considera la explotación sexual aunque exista consentimiento de la víctima. Además, entiende que este fenómeno y el del tráfico y la trata de mujeres están "absolutamente" relacionados.
Una postura que para la portavoz del PP, Susana Camarero, debería estar más clara aún. Por eso, su Grupo Parlamentario ha presentado un voto particular a fin de que el informe contemple expresamente la prostitución como una forma de esclavitud, según dijo a Europa Press esta parlamentaria.
Igualmente, el informe advierte de que en los países en los que se ha regulado la prostitución se ha incrementado tanto la actividad de la prostitución como el tráfico y la trata de seres humanos. En cuanto al colectivo, señala que la mayoría son mujeres inmigrantes y reclama más recursos para atender a las víctimas.
"Se debe desplegar un Sistema específico de Atención Social para la atención, protección y recuperación de las víctimas y establecer un protocolo de coordinación y actuación de los diferentes ámbitos jurídicos, sanitarios, sociales y policiales", añade.
ERC, IU-ICV Y EA OPTAN POR LA REGULACIÓN.
El texto ha recibido un total de 50 votos particulares que, en el caso de PP y CiU, persiguen completar o mejorar el informe y en el de ERC, IU-ICV y EA, proponen un informe a favor de la regulación de la actividad. La portavoz de IU-ICV, Carme García, que es además la impulsora de la creación de la Ponencia, explicó a Europa Press que su voto particular es una especie de "enmienda a la totalidad".
"En aquellos casos en los que la prostitución es voluntaria el Gobierno debería defender, aunque sea una minoría, sus derechos --argumenta--. Ejercer un trabajo que no existe convierte a las personas que lo practican en invisibles, con necesidades invisibles y, en consecuencia, no tienen ningún derecho laboral, social ni de ciudadanía, perpetuando su marginalidad, y facilitando la actuación de las mafias que trafican con personas".
Por ello, defiende que se reconozcan los derechos laborales de las prostitutas, su acceso a servicios sanitarios, así como medidas fiscales. En este sentido, plantea la necesidad de contemplar la prostitución de calle y la negociación de espacios públicos, así como la regulación de la relación laboral que se establece en los clubes e alterne.
