MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -
El portavoz parlamentario de Ciencia del Partido Nacionalista Vasco (PNV), José Ramón Beloki, avanzó hoy que la transferencia de las competencias en I+D+i al País Vasco, de acuerdo con lo pactado entre la formación nacionalista y el Gobierno para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2009, entrará en vigor "como muy tarde" el próximo 1 de enero de 2009.
En este sentido, dijo a Europa Press que el Decreto, por el cual se aplicará el traspaso de competencias, estará formado de tres "bloques conceptuales" donde se definirán aquellas funciones y servicios que, en función del articulado del Estatuto de Gernika, le corresponden por un lado, a la Comunidad Autónoma Vasca, al Ejecutivo, y una tercera parte en la que se recogerán unos mecanismos de coordinación entre ambas administraciones.
"De este acuerdo se obtiene una doble lectura, que ha generado polémica. Hemos conseguido hacer una lectura compartida por el que se producirá un decreto de transferencia de la competencia que entrará en vigor, lo más tarde posible, el 1 enero 2009", resaltó Beloki.
Además, el portavoz vasco indicó que este nuevo sistema de competencias "no va a alejar al País Vasco del conjunto de la I+D+i española", porque el decreto tiene tres bloques conceptuales donde se determina qué pertenece al Estado, qué al País Vasco, y qué se comparte.
"Hemos pedido la transferencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) porque entendemos que el País Vasco puede tener sus propias competencias en investigación científica y técnica. Por ello se hace un ajuste financiero, para que ambos podamos hacerlo de forma coordinada", comentó.
Por otro lado, explicó que la transferencia de competencias sale de la lectura del Estatuto vasco, y que, en política, "pedir lo que otros piden porque sí no es un método muy saludable a pesar de que se practique". "Todos también querrían tener el concierto económico vasco, aunque cada estatuto económico contempla una serie de competencias", concluyó.
OPOSICIÓN 'POPULAR' VS. APOYOS CON CONDICIONES
Mientras, el portavoz parlamentario de Ciencia del PP, Gabriel Elorriaga, comentó a Europa Press que el acuerdo que han alcanzado PNV y PSOE es "literalmente secreto" porque no se han dado a conocer sus términos exactos y, a su juicio, conociendo el concierto económico del País Vasco, y sabiendo cuál es el esquema de distribución de competencias constitucionalmente establecido, es "evidente que recoge un gran engaño".
"Esta decisión rompe el modelo nacional de ciencia y tecnología. El sistema español tiene ya un problema de dimensión. Somos un país pequeño y esto nos obliga a integrarnos en el sistema europeo de innovación para poder competir con las grandes potencias. La fragmentación del sistema nacional puede llevar al fracaso del conjunto del modelo y que otras comunidades autónomas pidan más", comentó.
Por el contrario, el portavoz parlamentario de Ciencia del grupo ER-IU-ICV, Francesc Canet, afirmó que a partir de este acuerdo se favorece la innovación porque el principio de subsidiaredad es "positivo" y "no tiene por qué ser negativo para el conjunto del Estado".
En cuanto a Cataluña, Canet explicó que estas competencias de innovación están en el Estatuto y que "es necesario" que se traspasen "ya". Además, avanzó que solicitarán al Gobierno, "en cuanto proceda", que acelere el traspaso.
INICIATIVA DEL PSOE PARA REFORZAR LA COOPERACIÓN
Al margen de los presupuestos, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una proposición no de Ley en el Congreso por la que insta al Gobierno a que se mejoren y refuercen los mecanismos institucionales de cooperación con las comunidades autónomas, previa modificación de la Ley de Ciencia de 1986, para permitir "la implementación de la Política Estatal sobre Ciencia y Tecnología".
Igualmente, en otra iniciativa, los socialistas solicitan la creación y extensión de una red de Consejeros de Innovación en las embajadas españolas, al objeto de contribuir a la internacionalización del sistema. Por su parte, CiU ha presentado otra propuesta para que el Ejecutivo reconozca el papel de los centros tecnológicos como "parte imprescindible y esencial" en la configuración del sistema de I+D+i.
