PSOE pedirá al Defensor del Menor que actúe en el Gallinero y vea qué pueden hacer las administraciones para mejorar la vida de los niños
MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -
Los tres grupos políticos en el Ayuntamiento de Madrid aprobaron hoy por unanimidad una propuesta pactada para instar a la Comunidad de Madrid y a la Delegación del Gobierno en Madrid a que la Ley de la Cañada Real, que actualmente se encuentra en trámite parlamentario en la Asamblea regional, recoja que las soluciones sociales deben adoptarse antes de desafectar el suelo y vender ninguna parcela, y que la tramitación se haga "a la mayor brevedad posible".
Tanto el PSOE como IU presentaron sendas proposiciones al Ejecutivo municipal para que se adoptaran medidas de cara a solucionar los problemas de las personas que viven en la zona de El Gallinero, en la Cañada. Siguiendo el debate desde la tribuna se encontraban algunos voluntarios de la parroquia de Santo Domingo de la Calzada.
Finalmente, el Pleno municipal pudo acordar un texto común con el PP, en el que se recoge la necesidad de "instar a todas las administraciones implicadas a que alcancen, cuanto antes, un acuerdo social que permita ofrecer una solución definitiva e integral al problema", concretando que se haga "a la mayor brevedad posible".
Además, piden que el texto refleje el consenso alcanzado el pasado mes de julio, cuya clave es que "sea requisito imprescindible que las administraciones implicadas alcancen un acuerdo social antes de iniciar cualquier negocio jurídico con los terrenos desafectados".
Para ello, la Comunidad de Madrid debería convocar a las administraciones implicadas a la negociación de un acuerdo social, "comprometiendo las medidas transitorias que correspondan a cada una para garantizar los servicios básicos de salubridad, dignidad y seguridad" y que se "desarrollen con celeridad los instrumentos necesarios para ponerlo en práctica de forma eficaz".
SITUACIÓN INMORAL
Y es que los tres grupos municipales coincidieron en que es inmoral mantener a la población del Gallinero --unas 500 personas, incluidos aproximadamente 200 niños, según datos socialistas--, en la actual situación de "insalubridad, inseguridad y falta de dignidad", criticó el portavoz del PSOE, David Lucas.
"La situación de esas personas es inadmisible e insostenible en una ciudad como Madrid. Esperamos que la Ley abra la posibilidad de dar soluciones, pero mientras se aprueba e implementa pueden pasar varios años. Espero que no sea así, porque las realidades humanas de la Cañada no pueden esperar, algunas son extremadamente urgentes", consideró.
En concreto, consideró que se puede comenzar por una serie de actuaciones urgentes como aumentar los equipos de atención social con educadores, trabajadores sociales o psicólogos para luchar contra el abandono escolar o el maltrato, así como incrementar la presencia de los agentes tutores para comprobar la situación sanitaria, prevenir en el consumo de drogas o acercar los servicios sociales.
Por otra parte, los voluntarios en la zona reclaman tres actuaciones muy urgentes: en primer lugar, limpiar de forma urgente la zona del Gallinero, donde "se acumulan toneladas de basura". "Los voluntarios se han comprometido a que no se vuelva a acumular tanta basura, pero ahora hacer falta una actuación urgente porque existe un grave riesgo sanitario, porque los niños juegan entre la basura y las ratas", apuntó Lucas.
En segundo lugar, pidió que se coloquen "al menos" cuatro letrinas en la zona, y por último, reclamó que se acondicione el caño de agua del Canal de Isabel II de donde los vecinos de la Cañada consiguen el agua potable para mejorar las condiciones higiénico-sanitarias del mismo y "evitar que pueda ser fuente de enfermedades".
"Son tres cosas sencillas muy urgentes y que habría que hacer, a expensas de una solución más definitiva en las condiciones acordadas en el pacto de julio, con las soluciones sociales prioritarias ante otras soluciones", añadió, avanzando asimismo que pedirá "públicamente al Defensor del Menor que actúe y vea las condiciones en que están esos niños y qué puede hacer esa institución, la Comunidad de Madrid o cualquier otra administración".
DUDAR DE LA POLÍTICA
Por su parte, el portavoz de IU en el Consistorio, Ángel Pérez, consideró que mantener situaciones como la de la Cañada en la ciudad hace "difícil sentirse a gusto con uno mismo" y "dudar de la política", por lo que pidió "que se cumpla un mínimo de seguridad, salubridad y derechos humanos" de los vecinos de la zona.
"Reclamamos con urgencia la atención de las tres administraciones y que se les den servicios básicos como agua, luz o recogida de basuras para que no estén fuera de la sociedad. Ellos no tienen la más mínima protección social de un estado que se supone democrático y de derecho", reprochó.
Asimismo, subrayó que "es necesario acometer las actuaciones sociales antes de desafectar el suelo porque, si no, se podría perpetuar una situación precaria", algo que no sólo perjudicaría la "dignidad de esas personas, sino también" la de los propios políticos.
"No se trata de negar la realidad de la Cañada sino de cambiarla de forma decidida. No creemos en la caridad, en hacer algo para sentirnos bien nosotros, sino en hacerlo para que esa gente consiga sus derechos porque en eso consiste la política", recordó al resto de la Corporación.
VOLVER A L ACUERDO DE JULIO
Por su parte, la delegada de Urbanismo de la capital, Pilar Martínez, recordó que el pasado mes de julio se acordó un borrador para la ley entre los consistorios de Coslada, Rivas Vaciamadrid y la capital; el Gobierno regional y la Delegación del Gobierno, en el que se daba prioridad a la solución social por encima de las urbanísticas.
"Esa era condición 'sine qua non' para resolver este complejo problema. Pero el modelo quebró cuando se introdujo al artículo 3 el punto 4, que dice que tras dos años la Comunidad podrá realizar cualquiera de los negocios previstos, de lo que se deduce que se podrá vender sin intervención social previa", recordó la edil, que ya en verano reclamó que se vuelva al modelo original.
Así, exigieron que si el Ejecutivo autonómico "quiere establecer un plazo para alcanzar el pacto social, que la Ley diga que si en el transcurso de ese plazo, el que sea, no ha habido acuerdo en torno a la intervención social, que no se pueda vender, para que se mantenga la condición".
