MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Popular dice 'no' esta tarde a las siete peticiones de la oposición en el Pleno del Congreso para retirar y devolver al Gobierno la reforma de la Ley de Montes, a pesar también de la oposición de ecologistas y agentes forestales, según ha confirmado la portavoz del PP en la materia, María Teresa de Lara.
"Desde una profunda convicción de que esta medidas contribuirá a mejorar la gestión de los montes españoles, a la conservación de la biodiversidad, mejorará la prevención de incendios, así como a la lucha contra el cambio climatico. No puedo más que mostrar mi estupor e indignación ante las enmiendas presentadas que plasman un profundo desconocimiento del texto y de sus consec del monte español y la historia forestal del país", ha defendido la 'popular'.
Así, en torno a las siete de la tarde se producirá la votación de las enmiendas de totalidad del PSOE, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD, PNV, ERC, BNG y Amaiur, que piden la retirada del texto del Gobierno. La mayoría del PP tumbará estas propuestas. CiU se abstendrá, según confirmaron a Europa Press en fuentes parlamentarias. El debate ha durado cerca de dos horas.
LA PROTESTA DE ECOLOGISTAS Y AGENTES FORESTALES
A las 11.00 horas de este jueves, junto a agentes forestales y ecologistas (invitados al debate de la ley y presentes en la tribuna de invitados), los diputados se han hecho una foto en la Puerta de los Leones escenificando su protesta a la puesta en marcha de esta ley, con el lema '#StopLeydeMontesPP'.
Todos ellos se quejan de que esta norma va a generar problemas administrativos y duplicidades, inseguridad jurídica, va a privatizar y degradar los bienes públicos ambientales, además de que es "innecesaria" porque su objetivo es reducir tanto su eficacia como las garantías medioambientales en la protección del medio natural, aparte de que no había una demanda social para llevarla a cabo.
A juicio de Pilar Lucio, del PSOE, esta reforma responde a una ideología "retrógrada" para "la privatización, mercantilización y precarización del medio ambiente". "No nos gusta y nos parece grave y completamente posible de justificar el permitir recalificar terrenos quemados. Supondría dar armas de destrucción masiva a delincuentes y especuladores", ha avisado.
Olaia Fernández, del BNG, ha alertado de que abre la puerta a que se elimine en base a "un criterio indeterminado y que puede ser arbitrario" la prohibición de recalificación de terrenos quemados durante un periodo de 30 años cuando en comunidades autónomas, como Galicia, hay preocupación por la actividad incendiaria en montes.
"El PP continúa con su política contra el medio ambiente. Esta ley no supone ninguna mejora en la gestión forestal integral, ni establece medidas necesarias para salvaguardar los ecosistemas, la lucha contra los incendios. Pone en primer lugar los intereses privados, como los constructores, cazadores, o sector maderero. Es especialmente sangrante la desvalorización que hace de los agentes forestales", ha lamentado el diputado de Compromis.
La representante del partido republicano catalán, Teresa Jordà, ha señalado que este proyecto de ley supone "un ataque directo" a los agentes forestales y les impide denunciar delitos medioambientales.
El diputado del PNV ha sugerido que acudirá al TC en cuanto entre en vigor esta normativa por la invasión competencial que representa. "Hay más de una invasión competencial y desconocimiento que no lo considero innvoluntario". La diputada de Amaiur, Maite Ariztegui, ha coincidido con el objetivo "recentralizador de la norma".
LA ABSTENCIÓN DE CIU
Desde CiU, Martí Barberá ha explicado que su formación no había presentado enmienda de totalidad porque algunas de las novedades introducidas con la ley permiten aplicar las líneas previstas en el programa de CiU en el ámbito forestal y van alineadas con las políticas emprendidas por la Generalitat.
Así, ha puesto de ejemplo el considerar como "principio inspirador" a los montes como "infraestructuras verdes" o su capacidad de multifunción. Eso sí, ha criticado la invasión competencial que a su juicio implica esta ley.
"PROTEGER LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA"
El debate de la Ley ha empezado en torno a las 14.30 horas de la tarde y ha sido iniciado por la propia ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, quien ha destacado que los objetivos de la norma son "proteger la diversidad biológica, prevenir los incendios forestales, luchar contra el cambio climático y mejorar el aprovechamiento económico".
Frente a las preocupaciones de los agentes forestales, Tejerina ha defendido que esta reforma sistematiza sus funciones no cambia sus características, ni sus obligaciones. "No pierden ninguna competencia, se mantienen en los mismos términos que recoge la legislación vigente, tanto en su condición de policía judicial como en la de agentes de la autoridad. Podrán seguir investigando y denunciando cuantas conductas entiendan procedente", ha apostillado.
Sobre la otra preocupación de la oposición, de que permitirá urbanizar de nuevo en suelos incendiados, García Tejerina ha explicado que la modificación de la Ley de 2006 incluía varias excepciones a la imposibilidad de cambiar el uso de un terreno forestal en los 30 años posteriores a un incendio.
Sin embargo, ha aclarado que "no se exigía nada por este cambio de uso y la posibilidad de excepción dependía tan sólo del momento de su tramitación administrativa", y ahora, a las posibilidades otorgadas en la ley de 2006 se incorpora una adicional que exige que sobre la zona quemada haya razones imperiosas de interés público de primer orden.
Con el fin de garantizar transparencia de esta excepción, se requerirá que sea declarada por una norma con rango de ley, lo que exige una consulta previa a los órganos consultivos y también una amplia consulta pública. Al mismo tiempo, se requerirá la reposición de una superficie equivalente a la que ha cambiado el uso.
Tejerina ha destacado que este proyecto de Ley incluye medidas para combatir la tala ilegal de madera, y por eso se incluyen las medidas que permitan la efectiva aplicación en España de los reglamentos comunitarios en materia de lucha contra la tala.
Para mejorar la gestión de los montes, en la ley hay una nueva clasificación en función de su titularidad (pública o privada) porque antes era "confusa", y según desempeñen un servicio público, (que es lo que condiciona que un monte tenga que cumplir unos requisitos de gestión). Así, se diferencian cuatro categorías nuevas de montes.
En materia de gestión, se establece la posibilidad de que las comunidades autónomas aprueben unos modelos técnicos de gestión, a los que se pueden adherir voluntariamente los propietarios forestales que cumplan con las condiciones que marquen las autoridades autonómicas competentes, considerándose estos montes ordenados. De este modo, dice que se simplifican los procedimientos actualmente vigentes y se eliminan los costes asociados.
