MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -
La diputada del PSOE en la Comisión de Igualdad del Congreso Ángeles Álvarez ha criticado el retraso del Gobierno en la firma del nuevo protocolo que permitiría ampliar la colocación de dispositivos electrónicos para el control del cumplimiento de las penas de alejamiento a maltratadores y por ello ha exigido al Ministerio de Interior que "desbloquee su firma".
Por ello, Álvarez ha registrado una pregunta escrita en el Congreso de los Diputados en la que quiere conocer qué previsiones mantiene el departamento que dirige Jorge Fernández Díaz para adherirse a la nueva propuesta de protocolo que amplía la aplicación de estos dispositivos.
Tras diferentes reuniones de la Comisión de Seguimiento de los dispositivos electrónicos (en la que se valoró su funcionamiento y eficacia), Álvarez ha recordado que fue aprobada una propuesta de nuevo protocolo para su uso no sólo en el marco de las medidas cautelares sino ampliarlo al control del cumplimiento de las penas de alejamiento.
Según indica, hace seis meses que el Grupo Socialista reclamó al departamento de Ana Mato "mayor diligencia" para dar forma al protocolo acordado por la Comisión de Seguimiento.
Así las cosas, Álvarez se ha mostrado "alarmada ante el desinterés de un gobierno incapaz resolver asuntos que afectan a la seguridad de cientos de mujeres, máxime cuando las cuestiones técnicas quedaron resueltas por el anterior ejecutivo".
EL CGPJ SUGIRIÓ EXTENDERLA AL CONTROL DE PENAS
El Grupo Socialista recuerda que el CGPJ valoró como insuficiente el protocolo al limitar la implantación de los dispositivos al control de cumplimiento de las medidas cautelares y sugirió extender su implantación también al control de penas.
Además, señala que en la ultima reunión de la Comisión de Seguimiento con gobierno socialista, celebrada el 13 de octubre de 2011, se aprobó dar cobertura formal a ésta y otras mejoras que, como consecuencia del adelanto electoral, quedaron pendientes de firma por parte del Ministerio de Justicia, Interior, Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el CGPJ y la Fiscalía General del Estado.
Álvarez ha asegurado que a lo largo de estos años el control telemático de las medidas cautelares de prohibición de aproximación han mostrado ser "un recurso extraordinariamente eficaz para la protección de las víctimas de la violencia de género".
Por último, ha destacado la importancia de que la judicatura se comprometa con el uso de instrumentos que se demuestran eficaces, máxime cuando existen 137.516 mujeres valoradas en riesgo por la policía, de las que 30.040 son de alto riesgo y 7.103 de riesgo extremo.
