MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -
La portavoz del PSOE en Servicios Sociales y senadora por Palencia, Miriam Andrés, defenderá la próxima semana en el Pleno del Senado una moción en la que pide al Gobierno que recupere e impulse la Ley de Dependencia aprobada por el Ejecutivo socialista en 2006 y se dote al sistema para la Autonomía y la Atención a las personas en situación de Dependencia de la financiación necesaria.
Concretamente, reclama que se impulse el desarrollo de este sistema para garantizar el derecho de las personas dependientes a ser atendidas por los poderes públicos y permitir que despliegue sus efectos en creación de empleo y retornos económicos. Asimismo, en cuanto a la financiación pide que se reponga el nivel acordado y se incremente la cuantía correspondiente al nivel mínimo.
Además, propone que se revoquen las modificaciones en la regulación del sistema para la Autonomía y la Atención a las personas en situación de Dependencia introducidas por el Real Decreto Ley 20 de Estabilidad Presupuestaria y Fomento de la Competitividad y solicita reponer y cumplir el calendario de implantación del sistema que fijaba, en su redacción original, la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia.
También reclama reponer en los Presupuestos de 2014 las cantidades recortadas al sistema durante los dos últimos años y reivindicar así el carácter público de las prestaciones del sistema.
En la exposición de motivos, la senadora recuerda que la Ley de Dependencia aprobada por los socialistas supuso "la madurez de los servicios sociales como el cuarto pilar del Estado de Bienestar en España" y "un gran avance en políticas sociales".
Sin embargo, destaca que el Real Decreto Ley 20/2012 de 13 de julio aprobado por el PP ha supuesto "importantes recortes en la intensidad de servicios que se prestan a través de la ayuda a domicilio y en las cuantías de las prestaciones económicas a percibir por las personas dependientes".
A su juicio, los recortes del PP en esta materia son "devastadores" para los nuevos dependientes a los que "se suspende durante dos años el derecho de acceso a las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar y apoyo a ciudadanos no profesionales".
Además, precisa que la reforma impulsada por el Gobierno ha supuesto "la reducción de las prestaciones económicas de 400.000 personas atendidas por el sistema y ha provocado que 158.830 cuidadores familiares, en su mayoría mujeres, hayan dejado de cotizar a la Seguridad Social por la labor que siguen realizando pero ahora sin ninguna cobertura".
