MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) -
El PSOE y la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) estudian si presentar ante el Tribunal Constitucional (TC) un recurso contra la Ley de Costas, que culmina su tramitación parlamentaria este jueves en el Congreso de los Diputados.
Así lo han anunciado durante el debate sus portavoces parlamentarios, José Luis Ábalos y la diputada de ICV, Laia Ortiz, quien han coincidido al señalar que esta normativa va a contradecir directivas europeas, convenios internacionales, aparte de carecer de una memoria económica y favorecer la privatización de la costa que llevó a España al 'boom inmobiliario' y consecuente crisis económica.
Ambos coinciden igualmente en que esta normativa podría vulnerar el artículo 132 de la Constitución, relativo al régimen jurídico de los bienes de dominio público.
"Una ley no puede alterar la titularidad de la zona marítimo terrestre, que la Constitución reserva al dominio público, ni el legislador puede desvirtuar la naturaleza y las características de este dominio. Está obligado a adoptar las medidas necesarias para preservar sus características, y eso lo ha señalado el TC en la sentencia de 1991", según ha avisado el portavoz socialista.
Según Ábalos, el Gobierno ha optado exclusivamente en esta ley por dar respuesta a los intereses económicos que alejan a la costa española de la sostenibilidad, que "pomposamente" proyecta el título de la ley -- 'Ley de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la ley de 1988' --. "Para este Gobierno la costa es sólo un espacio económico para el que lo importante es la rentabilidad económica de las inversiones y la seguridad jurídica de los negocios", ha apostillado.
"Ayer el presidente del Gobierno dijo que no se podía volver a los modelos que nos habían conducido a la crisis y, sin embargo, volvemos a intentar la especulación, el urbanismo exagerado. Entre 2000 y 2005 el suelo urbanizado en los dos primeros kilómetros de costa aumentó un 21,85 por ciento, el doble que en 13 años, desde 1987 hasta el 2000", ha agregado.
De hecho, señala que esto significa que en seis años en España se construyó la cuarta parte de lo edificado en los 2000 años anteriores, "una burbuja inmobiliaria que sabemos lo que ha supuesto para una generación de españoles hipotecados o desahuciados".
PRIVATIZAR EL LITORAL
Asimismo, ha insistido en que favorece la privatización del litoral a través de la desafectación del carácter del dominio público a determinados terrenos, como salinas o marismas, entre otros, de forma que se les despoja de esa protección ambiental que les confiere el carácter público. (La ley reduce de 100 a 20 metros la zona de servidumbre de protección, es decir, aquella que se protege).
Por otra parte, sostiene que esta ley contraviene previsiblemente la directiva europea 123/2006, sobre el establecimiento de concesiones, o la de 2007 sobre evaluación y gestión de los riesgos de inundación, ni tampoco el Gobierno ha hecho caso de sus propios documentos, de la evaluación que hizo Hacienda sobre demarcaciones costeras, ni tampoco respecto de las evaluaciones preliminares de riesgo de inundación.
A España le queda el 30 por ciento del suelo litoral sin ocupar por actividades humanas y Ábalos sostiene también que este proyecto contradice el Plan Nacional de Turismo 2012-2015, que dice que hay que poner en valor los recursos del medio público marítimo.
Igualmente, ha criticado el reparto competencial que se establece en la disposición adicional novena, aprobada en el Senado, que dice que las instalaciones de depuración de aguas residuales que deban ser reubicadas en cumplimiento de una resolución judicial continuarán temporalmente su actividad. "Da igual lo que diga la justicia, la ley les ampara hagan lo que hagan con la normativa de Costas", ha apuntado.
Desde ICV, Laia Ortiz, que ha iniciado su intervención solidarizándose con la huelga educativa que se celebra este 9 de mayo, ha resaltado que la tramitación de esta ley se ha caracterizado por su falta de diálogo con los grupos parlamentarios, con la sociedad civil, y con los ecologistas que, precisamente este jueves, desde Greenpeace, se ha protestado subiéndose a la fachada del Congreso; un acto que se ha saldado con ocho detenciones.
Es más, subraya que normalmente en un trámite legislativo los expertos vienen a comparecer en la Cámara para dar su opinión y enriquecer así la calidad de la ley. "Se han negado desde el PP porque es una ley con impactos múltiples e intereses contrapuestos", ha agregado.
De la misma manera, ha subrayado que la ley en el Senado ha empeorado al servicio de los intereses "de quienes más tienen", al mismo tiempo que ha criticado que el PP haya empleado y mencionado el informe Auken en el articulado de la ley, cuando en la normativa hace todo lo contrario a lo que este estudio aconseja sobre la protección de la costa.
A la vez, cree que las enmiendas del Senado intensifican los elementos negativos del texto inicial, como la desprotección de la costa y la exclusión del dominio público marítimo terrestre de núcleos enteros, o que se alarguen las concesiones a 75 años, o se excluyan humedales y salinas.
"¿Por qué entra Formentera y otras quedan fuera? se han incluido algunos núcleos a demanda de algún interés que había detrás, cuando precisamente la situación de esos municipios se podían resolver con procedimientos que la propia ley defendía", según ha argumentado.
En el Senado, critica también que en el régimen sancionador se reduce el tiempo para que prescriba de cuatro a dos años las sanciones graves, y también a seis meses las leves.
"Esta normativa agrava la inseguridad jurídica y deja sin efecto sentencias, salta por los aires los deslindes o los elementos de recentralización e invasión competencial que no quedan resueltos y la ceguera ante el cambio climático y sus efectos ante el litoral, uno de los más degradados de Europa", ha concluido.
Esta normativa culmina este jueves su tramitación parlamentaria y saldrá adelante previsiblemente con el apoyo mayoritario del Partido Popular, que cuenta con mayoría absoluta en el arco parlamentario.
