MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -
La diputada del PSOE Ángeles Álvarez preguntará este miércoles al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso por qué, a juicio de los socialistas, pretende "legalizar el proxenetismo en la reforma del Código Penal", actualmente en trámite parlamentario".
Precisamente, el Grupo Socialista se ha reunido este martes en la Cámara Baja con expertos y juristas para analizar las consecuencias de la reforma del Código Penal en materia de proxenetismo.
Al encuentro han acudido representantes de Themis y de secretarios judiciales, así como la secretaria de Igualdad del PSOE, Purificación Causapié; la portavoz de Igualdad del PSOE en el Congreso, Carmen Montón; la secretaria segunda de la Comisión, Ángeles Álvarez; la diputada socialista Susana Ros; o el exministro de Interior, Antonio Camacho y actual diputado y vicepresidente segundo de la Comisión de Justicia del Congreso.
Precisamente, la semana pasada el PSOE ofreció un encuentro informativo a periodistas, junto con la asociación de juristas Themis, en la que denunciaban que la reforma del Código Penal presentada por el Gobierno abría la puerta a la legalización del proxenetismo en España, así como a los grandes burdeles donde se llevan a cabo estas prácticas, como el proyecto de Eurovegas, que finalmente no saldrá adelante en España.
SE ABRE LA PUERTA A LAS MAFIAS
La socialista apuntó al nuevo artículo 187 del citado proyecto de ley de reforma por el que se elimina del redactado del borrador inicial el concepto de 'explotación sexual', al mismo tiempo que se establecen dos nuevas condiciones para que sea castigado, con penas de prisión de dos a cuatro años y multas de 12 a 24 meses, el proxeneta que se lucra de la prostitución ejercida por una persona, aun cuando exista el consentimiento de la misma.
En concreto, se establece en la nueva redacción qué sólo serán punibles estas situaciones cuando la víctima "se encuentre en una situación de dependencia personal y económica, que no le deje otra alternativa, real o aceptable, que el ejercicio de la prostitución", o el hecho de que "se impongan para su ejercicio condiciones gravosas o desproporcionadas o abusivas".
Tanto Álvarez como Alemany destacaron que es "casi imposible" en muchas ocasiones que estas mujeres, que en gran parte de los casos carecen de un contrato, puedan demostrar que se da alguna de esas dos condiciones, al mismo tiempo que coincidieron en que de esta manera se desprotegía aún más al colectivo y se abre la puerta a las mafias.
"Hoy en día no sólo está el chulo proxeneta o la 'madame'. También hay grandes empresas que se lucran. Todo va unido a la mafia. Se legaliza así la puesta de condiciones a la libertad de las personas. En definitiva es una esclavitud porque se usa el lucro del cuerpo", lamentó Alemany.
"HIPOCRESÍA DEL PP"
Por su parte, Ángeles Álvarez insistió en que el PSOE está convencido de que con esta reforma legal no sólo se va a dar cobertura a las demandas de grandes negocios como el futuro Eurovegas, a su juicio el proyecto impulsor de esta propuesta del Gobierno en materia de prostitución.
Álvarez cree también que el objetivo es proporcionar una cobertura legal al mundo de la prostitución en general con la Ley de Seguridad Ciudadana, donde dice que "se acuartelan" estas prácticas a clubes de alterne y no a la calle y se "elimina de la calle lo socialmente incómodo". En su opinión, sólo así el Gobierno provoca que las mujeres sean "aún más vulnerables", si cabe, a todo tipo de abusos.
"Gallardón y el PP no puede de ninguna manera utilizar y adaptar el Código Penal a las necesidades de mafias y proxenetas", señaló en declaraciones a los medios.
IR EN CONTRA DE EUROPA
A juicio de Álvarez, abrir este camino es ir en contra de la tendencia que en Europa se está produciendo en relación al combate de la trata de explotación sexual. "El camino no es la legalización sino reprimir estas prácticas", sentenció.
Como ejemplos, citó a Alemania, donde la prostitución está legalizada desde hace 10 años y sólo 44 personas desde entonces se han inscrito en los registros, y ya se está estudiando una revisión de esta legislación; así como a Francia, donde no se va a legalizar pero sí se están reforzando los apoyos al colectivo para luchar contra las mafias y combatir la trata y la explotación sexual en el país galo.
A su vez, avanzó que en el trámite parlamentario el PSOE iba a pedir la supresión de este artículo para previsiblemente volver a la redacción inicial del texto de octubre de 2012, donde sí se especifica el concepto de 'explotación sexual', aunque con matices.
