Todos los grupos apoyan tramitar una propuesta de CiU para incrementar al 7% las plazas para trabajadores con discapacidad
MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -
El PSOE impidió hoy en el Congreso de los Diputados la tramitación de una proposición de ley del PNV que pretendía que las administraciones públicas pudieran adjudicar directamente contratos a Centros Especiales de Empleo (formados mayoritariamente por trabajadores discapacitados), con el objetivo de mantener y aumentar la inserción de este grupo social en el mercado laboral.
La oposición de los socialistas, a la que se unió UPyD, junto con la abstención del PP, fue suficiente para rechazar la iniciativa de los nacionalistas vascos, que fue apoyada por CiU, ERC-IU-ICV, BNG y Coalición Canaria.
La portavoz del PSOE, María José Sánchez Rubio, explicó la oposición de su grupo alegando que el hecho de adjudicar contratos 'a dedo' es una precepto "contrario al principio de igualdad de trato y no discriminación" que recoge el derecho comunitario.
Por el contrario, el autor de la iniciativa, Emilio Olabarría (PNV), explicó que la adjudicación directa de contratos es la única manera de asegurar el mantenimiento de los Centros Especiales de Empleo y de evitar la exclusión de los discapacitados del mundo laboral.
Así, indicó que la actual Ley de Contratos del Servicio Público fija la preferencia en la adjudicación de contratos a empresas que, "igualando la oferta de servicios", tengan en su plantilla un mayor porcentaje de trabajadores con discapacidades, pero este hecho es a juicio una "utopía", ya que "es muy difícil que una empresa de discapacitados pueda competir con compañías formadas por trabajadores sin discapacidad".
Por su parte, el representante del PP, Miguel Ignacio Peralta, se mostró de acuerdo "con el fondo" de la iniciativa, que pretende incentivar el empleo entre los discapacitados, pero apuntó que plantea "dificultades jurídicas". El diputado 'popular' pidió "prudencia" a los grupos para no levantar expectativas entre el colectivo de discapacitados con iniciativas que luego no vayan a salir adelante.
INCREMENTO DE EMPLEO RECOGIDO EN LA LEY
Por otro lado, el Congreso decidió tramitar con el apoyo de todos los grupos la proposición de ley de CiU que eleva del 5 al 7 por ciento el número de puestos de trabajo de la Administración General del Estado reservados para este colectivo, guardando ese 2 por ciento adicional a personas con discapacidad intelectual, quienes en la actualidad están "severamente excluidas del mercado laboral", según el diputado Carles Campuzano.
La iniciativa de CiU establece que si las plazas cubiertas por personas con discapacidad no alcanzan el 4 por ciento, los puestos sobrantes se acumularán para la siguiente convocatoria, fijando un límite máximo del 15 por ciento del total de puestos de trabajo públicos.
La portavoz socialista, María José Sánchez Rubio, explicó que el Gobierno central reserva desde 2009 el 7 por ciento de plazas a este colectivo, por lo que apoyó que este incremento se incluya en una ley, aunque se mostró partidaria de que la modificación se enmarque dentro de una normativa más amplia que adecue la legislación española a la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad.
