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Justicia prometió hace nueve meses unificar los exámenes de integración y elaborar un manual para prepararlos
MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -
España concedió la nacionalidad por residencia a 93.859 extranjeros el año pasado, cuando se denegaron 33.058 solicitudes y otras 357 fueron archivadas, según datos del Ministerio de Justicia a los que ha tenido acceso Europa Press que cifran en 127.274 los expedientes resueltos en este periodo.
Este ha sido el resultado del segundo año del Plan Intensivo de Nacionalidad que puso en marcha el Ministerio de Justicia en 2012 tras constatar una acumulación de expedientes pendientes en la Dirección General de Registros y Notariado, responsable de la tramitación, que al cierre de aquel año ascendía a 465.000 solicitudes.
Desde que se articuló el plan, los Registradores de la Propiedad comenzaron también a tramitar las nacionalidades de las que hasta entonces se encargaban en exclusiva los Registros Civiles. Desde abril de 2013 también los notarios colaboran en la realización de las Juras o Promesas de fidelidad al Rey y de obediencia a la Constitución y las Leyes, trámite imprescindible.
A 1 de octubre de 2014, los Registros habían tramitado 521.624 expedientes e informado 498.741, y el Ministerio de Justicia había resuelto 494.771. Según un informe del grupo de abogados Legalteam, en todo el periodo del Plan Intensivo habrían obtenido la nacionalidad española 437.050 extranjeros.
DE UNO A DIEZ AÑOS DE RESIDENCIA EN ESPAÑA
Para obtener la nacionalidad por residencia, el extranjero necesita vivir de forma legal y continuada durante al menos diez años en el país, salvo que se trate de un refugiado, en cuyo caso se exigen cinco años de residencia o procedente países iberoamericanos, Andorra, Portugal, antiguas colonias españolas o tenga origen sefardí.
Si se trata de un extranjero nacido en España, una persona que ha estado bajo tutela de un español o una institución del país durante al menos dos años, lleva al menos un año casado con un español, ha enviudado de un español o a nacido de un español en el extranjero, sólo tiene que residir un año en el país para poder iniciar los trámites.
En todo caso, "el interesado deberá acreditar buena conducta cívica, y suficiente grado de integración en la sociedad española", asunto este no exento de polémica porque los extranjeros son sometidos a un examen sin que exista un criterio uniforme en todo el territorio que sirva para evaluar esta cuestión.
Así, se han dado casos de personas a las que se ha denegado la nacionalidad por contestar erróneamente preguntas como el nombre del estadio del Fútbol Club Barcelona o de famosos que salen por televisión, como le ocurrió a D. Rodrigo, a quien la Audiencia Nacional reconoció tiempo después la nacionalidad por considerar que "difícilmente se podría justificar con base a estos fallos la falta de integración".
DISCRECCIONALIDAD EN LOS EXÁMENES DE INTEGRACIÓN
"El principal problema ante esta situación radica en el hecho de que no existe un temario oficial para preparar el test de integración, con lo que cada Juez puede formular las preguntas que estime pertinentes en aras a determinar el grado de integración que acreditan los solicitantes de nacionalidad. A nuestro entender, los jueces están llevando a cabo una cruzada para denegar las solicitudes", afirman desde Legalteam.
Según los datos del Ministerio de Justicia, sólo el 17,2% de los expedientes rechazados en 2013 lo fueron por falta de integración y, en ningún caso, se han producido denegaciones sistemáticas o masivas: a 1 de enero de 2014 figuraban 337.096 nacionalidades concedidas frente a 52.122 denegadas, contra las que se habían presentado 13.564 recursos. A 1 de enero de 2014 eran también más las concedidas (93.589) que las denegadas (33.058).
Con todo, el exministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, anunció el pasado mes de abril que tomaría medidas para acabar con la actual "discreccionalidad" de los exámenes: Encomendar al Instituto Cervantes la realización de la prueba de conocimiento de la cultura española para extranjeros y elaborar con un grupo de expertos un manual con el que pudieran estudiar los contenidos evaluables. Nueve meses y un cambio de ministro después, aún no se han acometido estas reformas.
No es la única polémica relativa a las denegaciones. La Defensora del Pueblo se hizo eco en su informe anual de problemas en este ámbito desde que tramitan los expedientes los Registradores de la Propiedad, ante un "significativo número de quejas" sobe expedientes rechazados por falta de documentos que no se habían exigido previamente o por "no acreditar buena conducta cívica", en este caso, aplicando "un criterio diferente al que se aplicaba por los encargados de los registros civiles".
Gallardón anunció que dictaría instrucciones a los Registros Civiles y Registros de la Propiedad para unificar criterios a fin de que no se pudieran rechazar solicitudes por la caducidad de los documentos adjuntos si estos estaban en vigor en el momento de la presentación de la instancia, conforme dijo él mismo en junio ante el Pleno del Senado.
