Alega que el Gobierno no obtuvo la Autorización Ambiental Integrada (AAI), que debe otorgar la Comunidad de Madrid
MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado la autorización administrativa y la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la central Térmica de Morata de Tajuña, que fue declarada de utilidad pública por acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de junio de 2007.
En la sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, el Alto Tribunal madrileño ha estimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Ecologistas en Acción en 2006 contra la resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, de 27 de marzo de 2006, por el que se autorizaba la construcción de la central térmica de gas en ciclo combinado prevista en esta localidad madrileña.
El proyecto de construcción lleva más de diez años en tramitación. Sin embargo, el Ayuntamiento de Morata de Tajuña nunca ha llegado a autorizar la expropiación de los terrenos para levantar la planta ante la alarma social creada entre los vecinos del municipio, según explicó a Europa Press Ladislao Martínez, portavoz de la plataforma Térmicas No-Aire Limpio coordinadora de la que forma parte Ecologistas en Acción.
La sentencia anula la Declaración de Impacto Ambiental emitida el 7 de febrero de 2005 por la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el Cambio climático y, la Autorización Administrativa a la citada central por la Dirección General de Política Energética y Minas, de 27 de marzo de 2006.
El TSJM entiende que Ecologistas tiene un "interés directo" para impugnar los actos administrativos reseñados, lo que le permite actuar contra dichos actos por estar plenamente legitimada para ello.
Este hecho ya fue apreciado anteriormente por el Tribunal Supremo a la misma asociación en un recurso similar realizado contra la central térmica de Aceca (Toledo). Entiende también el tribunal que Ecologistas en Acción procedió con respeto a los mecanismos legales establecidos.
El Tribunal madrileño argumenta que se debió conceder la Autorización Ambiental Integrada (AAI), que debe otorgar la Comunidad Autónoma de Madrid, antes de obtener la Autorización Administrativa ya que la instalación de Morata debía haber sido considerada como "Instalación Nueva" y no como "Instalación Existente" de acuerdo con lo establecido por la Ley de Prevención y Control Integrado de la Contaminación del año 2002.
SIN AUTORIZACIÓN
"La central carece todavía de la citada AAI y dispone no obstante de Autorización Administrativa desde 2006", aseguró Jaime Doreste, coordinador del grupo de abogados que prepararon la demanda y representante de Ecologistas en Acción en la causa.
"Es evidente que una central que todavía no ha iniciado su construcción y que carece de proyecto de ejecución, no puede considerarse de ningún modo una instalación que ya existía en 2002 cuando se aprobó la ley", apuntó.
Se extiende también la sentencia en largas consideraciones sobre la aplicación o no de lo establecido por el reglamento de Instalaciones Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, sobre la distancia de dicha central al núcleo principal de población (que es de 1.500 m), sobre la necesidad de redactar un Plan Parcial, sobre la necesidad de ubicación alternativa de la planta o no para concluir que la Declaración de Impacto Ambiental también es nula.
Para Ladislao Martínez, "esta sentencia devuelve a la central térmica de Morata de Tajuña a la situación en que se encontraba en el año 2000, cuando se inició el procedimiento".
Pidió además a la Administración y a Morata de Energía "que no recurran el auto y que entierren definitivamente el proyecto ya que este tipo de centrales no son necesarias para atender la demanda futura de electricidad y además cuentan con un notable rechazo social e institucional".
Señaló que, además de los grupos sociales presentes en la plataforma, todos los grupos municipales del ayuntamiento de Morata se han opuesto reiteradamente al proyecto, llegando a realizar un encierro de varios días contra la central, y todos los grupos de la Asamblea regional de Madrid aprobaron una moción de rechazo al mismo proyecto.
