Desde su creación hace más de 20 años, en Fundación Fundación Edad&Vida hemos trabajado y apostado intensamente por la integración de servicios sanitarios y sociales, con el objetivo de atender de forma óptima y mejorar la calidad de vida de las personas mayores, muchas de ellas con pluripatología crónica, y de las personas en situación de dependencia, así como, por supuesto, para dar respuesta a las necesidades sociales de ambos colectivos.
La crisis desencadenada por la COVID-19, lejos de descubrirnos algo nuevo, ha evidenciado de forma descarnada las consecuencias de un modelo de atención que no había situado a las personas mayores en el centro del sistema y que, por lo tanto, no se adapta adecuadamente a sus necesidades dada la "fragmentación" del mismo y la escasa integración social y sanitaria.
No es el momento de promover debates simplistas, la realidad es que las personas mayores son cada vez más independientes y están más informadas; en definitiva, más empoderadas y, por tanto, son capaces de decidir dónde quieren vivir y qué servicios precisarán en el lugar que elijan. Sin embargo, más allá de las preferencias personales, como sociedad tenemos que garantizar una atención sociosanitaria integrada e integral en función de la carga de enfermedad crónica, de la carga de dependencia y de las necesidades sociales.
Durante estos días, no nos hemos cansado de repetir que las residencias de mayores nacieron, hace muchos años, para dar respuesta a problemáticas sociales del mayor y/o de sus familiares, y lo hicieron como una alternativa al hogar.
En un estudio presentado en 2015 por nuestra Fundación, ya tratamos de caracterizar el perfil clínico de los mayores que viven en residencias. Los resultados obtenidos indicaron que más del 75% de los usuarios de los centros residenciales para personas mayores tiene tres diagnósticos activos, que el 66% toma más de 7 medicamentos cada día, que el 18% ingresa con algún tipo de úlcera por presión, que el 75% presenta algún tipo de incontinencia urinaria y que el 45% está en una situación de dependencia total. De esta forma, se puede concluir que, globalmente, la complejidad sanitaria de las personas atendidas en los centros residenciales es elevada y poco diferenciada de los atendidos en centros hospitalarios de cuidados intermedios o sociosanitarios, allí donde existen. El resultado, pues, es que tenemos personas mayores enfermas, viviendo en residencias sociales no siempre provistas de los recursos personales ni materiales sanitarios necesarios para cubrir sus necesidades de salud tanto física como ocial en cada momento.
En esta misma línea, en un reciente trabajo, que publicamos en colaboración con los principales expertos en el ámbito de la atención sociosanitaria, representantes de sociedades científicas, colegios profesionales, asociaciones de pacientes, prestadores de servicios, laboratorios farmacéuticos, fabricantes de productos sanitarios, de nutrición enteral, etc.; se reclamaba, hace un año, la necesidad de reconocer que la asistencia sanitaria básica que se lleva a cabo, con mayor o menor intensidad, en las residencias debe reconocerse y conceptualizarse como un nivel asistencial diferenciado de la atención primaria y de la hospitalaria y, además, plenamente integrado en el Sistema Nacional de Salud; la creación de un marco estatal de acreditación social y sanitaria básico y común; y la necesidad de un nuevo modelo de financiación pública que contemple la carga sanitaria y social de los servicios prestados en las residencias, que contribuya a su vez a la dignificación del sector y de sus profesionales, y garantice la optimización de los recursos y eficiencia del sistema.
En España, un 20% de la población, casi diez millones de personas, es mayor de 65 años. A día de hoy, la tendencia entre las personas mayores es alargar la vida en el domicilio familiar el máximo de tiempo posible, aun en etapas de fragilidad. Esta tendencia se incrementará sin duda en el futuro, a medida que los babyboomers se incorporen al colectivo de población de más de 65 años. En consecuencia, el domicilio familiar, entorno propio y conocido, tendrá que dotarse de servicios (atención domiciliaria de calidad) y soporte técnico (domótica) que permitan conciliar al máximo el binomio seguridad/intimidad.
Por su parte, las residencias deberán afrontar también un proceso de reconversión en el que además de mantener y mejorar, si es posible, la atención social, deberán incrementar y adaptar de manera realista la atención sanitaria que se presta a los usuarios. Debemos trasformar el sector residencial en una red de centros sociosanitarios con normas estrictas de acreditación revisables de manera periódica, que garanticen su calidad y un nivel adecuado de prestaciones.
Desde Fundación Edad&Vida, solicitamos a todos los agentes implicados en la atención de personas en situación de dependencia y/o vulnerabilidad que trabajen conjuntamente para transformar el sector y adaptarse, así, a las necesidades, reales, complejas y cambiantes, y a las preferencias de las personas mayores, teniendo en cuenta su enorme heterogeneidad. Nosotros estamos dispuestos a coordinar una plataforma transversal e intersectorial que, manteniendo un carácter apolítico, permita avanzar en la apasionante tarea de repensar el sistema de cuidados en nuestra sociedad.
María José Abraham es directora general de la Fundación Edad&Vida.
