23 de abril de 2019
  • Lunes, 22 de Abril
  • 15 de enero de 2018

    "Paliando la crisis del agua en Oriente Próximo". Por Promoción Social

    "Paliando la crisis del agua en Oriente Próximo". Por Promoción Social
    FUNDACIÓN PROMOCIÓN SOCIAL

    La titularidad de los recursos acuíferos forma parte del llamado Estatuto Definitivo, que según el marco legal diseñado por los Acuerdos de Oslo debería regir las relaciones entre Israel y Palestina si finalmente se reactivan las negociaciones de paz y éstas conducen al modelo de los dos Estados. La gestión de agua cobra por tanto la misma importancia que la delimitación de fronteras, la seguridad, la cuestión de los refugiados, el futuro de los asentamientos y la capitalidad de Jerusalén. Esta última más en disputa que nunca desde que el presidente de los EEUU, Donald Trump, optara por reconocerla unilateralmente como capital de Israel el pasado 6 de diciembre, a pesar de la oposición de todo el mundo árabe y musulmán.

    Al igual que en muchos otros ámbitos de la economía y de las infraestructuras la asimetría de desarrollo en este capítulo es enorme. Mientras que Israel controla gran parte de los recursos hídricos de la zona y dispone de todo tipo de tecnologías de última generación para la optimización en el uso del agua, los palestinos apenas tienen acceso a las fuentes de agua y en general carecen de sistemas de gestión modernos y de la cualificación necesaria de sus técnicos. Por ello, siguen necesitando de la ayuda de la comunidad internacional para paliar sus carencias.

    EXCELENCIA ISRAELÍ

    Israel ha hecho frente a la crisis crónica de falta de recursos hídricos invirtiendo en el desarrollo de tecnologías que le permiten maximizar su conservación, utilización, reciclaje y reutilización, hasta el punto de convertirse en un referente mundial en este ámbito. Por ejemplo, puede presumir de tener plantas desalinizadoras que son referentes globales. Entre ellas, la de Asquelón -la segunda más grande del mundo que utiliza la ósmosis inversa- capaz de producir 118 millones de m* de agua potable al año. Y también plantas depuradoras, como la de Shafdan, situada en Rishon Letzion, que purifica las aguas residuales que generan los 2 millones de habitantes de la zona centro del país, para luego cubrir el 70% de las necesidades de irrigación de la agricultura practicada en el desierto del Negev.

    Así, desde que sufriera varios años de sequía seguidos a finales de los años 90 el Gobierno israelí optó por la construcción de 5 grandes desalinizadoras en diferentes puntos del país (Asquelón, Ashdod, Hadera, Palmachim y Sorek) que se unieron a otra treintena de desalinizadoras menores. El aparente éxito en este ámbito ha hecho que la empresa pública israelí Mekorot ganara la licitación de dos grandes desalinizadoras en proceso de construcción en el vecino Chipre, que una vez en marcha deberían proporcionarle el 50% de sus necesidades de agua potable. No obstante, a pesar de estos importantes avances, el movimiento ecologista de Israel ha solicitado una moratoria en la construcción de nuevas desalinizadoras debido al uso intensivo de energía que hacen y a la emisión de gases de efecto invernadero que generan.

    Además de desarrollar en su momento el riego por goteo, la inseminación de las nubes y otras técnicas para la optimización de la producción, conservación y del uso de agua dulce, Israel es también puntero en la gestión y depuración de aguas residuales. En ciudades como Tel Aviv la limpieza de las calles y el riego de parques y jardines se hace con aguas recicladas en prácticamente un 100%.

    CUESTIÓN DE SUPERVIVENCIA

    Al igual que para los israelíes el agua es una cuestión de seguridad, para los palestinos es una cuestión de supervivencia. Según el derecho internacional público -que prohíbe la discriminación en el uso del agua por parte del poder ocupante respecto de la población ocupada- Israel no sólo debería proporcionar agua a sus ciudadanos sino también a los palestinos, de los cuales controla el 85% de sus recursos hídricos, especialmente los acuíferos subterráneos de Cisjordania y el Valle del Jordán. Esto es así porque la división territorial diseñada en Oslo coadyuvó a que la ANP se hiciera cargo únicamente de las áreas metropolitanas (zonas A) y pueblos adyacentes (zonas B), mientras que las áreas rurales o zonas C, en donde se concentran las fuentes de agua, hayan permanecido bajo control efectivo israelí.

    Según la ONG de derechos humanos Btselem, los sucesivos gobiernos israelíes siempre han hecho una interpretación muy restrictiva de todos los artículos relativos al agua dentro de la Declaración de Principios (1993) y los Acuerdos de Oslo (1994 y 1995). Aunque nominalmente se reconocen los "derechos hídricos" de los palestinos, no se hace como una unidad territorial, sino que se reconocen por separado para Cisjordania y para la Franja de Gaza.

    El artículo 40 del Protocolo de Asuntos Civiles del Acuerdo Interino de 1995 (conocido como Oslo II) delimita el marco de responsabilidades de las partes en materia de agua. Además crea una "Comisión Conjunta del Agua" para dirimir las diferencias de criterio que se puedan presentar, aunque al establecer un sistema de consenso en la toma de decisiones en la práctica el Gobierno israelí lo aprovecha para vetar la perforación de cualquier nuevo pozo por parte de los palestinos, mientras se guarda para sí la gestión de los ya existentes. A partir de ahí la empresa estatal de aguas y propietaria de la infraestructura Mekorot, otorga una cuota anual de más de 40 millones de m* anuales a la ANP, pero ésta denuncia que resultan insuficientes para abastecer las crecientes necesidades de Cisjordania.

    También hay que tener en cuenta que la ANP sólo es responsable de las zonas A y B, que solo representan el 40% de Cisjordania, mientras que muchos los pueblos de las zonas C (el otro 60%) carecen de canalizaciones de aguas potable y residuales, teniendo que abastecerse mediante cisternas. Esto, además de ineficiente, resulta mucho más caro, triplicando el coste unitario del litro de agua entre aquellos que precisamente menos renta tienen, los campesinos.

    En lo que a Gaza respecta la situación resulta incluso peor, debido a la mayor escasez de pluviosidad y de reservas de agua subterránea. Según la ONG Save the Children, más del 90% del agua de la Franja presenta altos índices de fertilizantes, residuos y metales, haciendo que no sea apta para el consumo humano en aplicación de los estándares establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Su sistema de depuración de aguas residuales y su red de alcantarillado fueron destruidas durante la operación militar "Margen Protector" en enero verano de 2014 y todavía están trabajando en su reparación, dado que el Plan Nacional de Respuesta Rápida y Reconstrucción presentado por la ANP ante la Conferencia de El Cairo en octubre de 2014 apenas ha recibido el 55% de la financiación prometida por los donantes. Por ello, el número de casos de diarrea infantil y otras enfermedades se han multiplicado en los últimos años.

    COOPERACIÓN ESPAÑOLA

    España lidera el sector de desarrollo rural dentro del conjunto de actividades de ayuda humanitaria y cooperación que la comunidad internacional realiza dentro de Palestina. Éste está a su vez íntimamente imbricado con el de agua y saneamiento (WASH, como se conoce por su acrónimo inglés), por lo que muchos de los proyectos de desarrollo rural incorporan también algún componente de WASH. Entre las ONGs españolas que operan en Palestina tanto con fondos de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) como de la llamada cooperación descentralizada --es decir, aquella que llevan a cabo comunidades autónomas, diputaciones provinciales y ayuntamientos-- se encuentra Fundación Promoción Social.

    Fundación Promoción Social ejecuta en estos momentos tres intervenciones de desarrollo rural que presentan su correspondiente componente WASH. La primera y más importante es la ejecución de un Convenio AECID en las áreas autónomas de Qalquilia y Tulkarem, en donde se está procediendo a la rehabilitación integral de terrenos de cultivo en las zonas rurales, allanando los terrenos, construyendo terrazas para la contención de la tierra, plantando especies autóctonas para el cultivo, instalando sistemas de irrigación y también plantas de compostaje de residuos orgánicos, como la recientemente inaugurada por el Cónsul General de España, Rafael Matos, en el pueblo de Azzoun.

    También lleva a cabo otras dos intervenciones menores en el ámbito de desarrollo rural y WASH. Una en el área autónoma de Salfit (parte noroeste de Cisjordania, adyacente al bloque de asentamientos de Ariel) financiada por el Ayuntamiento de Madrid. Ésta consiste en la rehabilitación de tres manantiales de agua que abastecen tanto a la ciudad de Salfit como a los pueblos circundantes, así como la construcción de huertos inteligentes a lo largo de la canalización del agua para así crear oportunidades de empleo para las agricultoras de la zona y que éstas contribuyan a incrementar la producción local de frutas y hortalizas. Y la otra intervención, con financiación de la Generalitat Valenciana, tiene lugar en el tercio norte de la Franja de Gaza, donde se están rehabilitando terrenos de cultivo e invernaderos dañados por las incursiones militares israelíes, así como se están instalando modernos sistemas de irrigación y se va a proporcionar formación especializada a jóvenes ingenieros y peritos agrónomos de Gaza en colaboración con la Universidad Politécnica de Valencia (UPV).

    A pesar de sus enormes logros a nivel local, estas tres intervenciones no logran más que parchear una realidad adversa que requiere de una acción masiva por parte de la comunidad internacional. Y a pesar de que la ayuda humanitaria y cooperación al desarrollo tenga cada vez más frentes abiertos en la región a los que necesita dar respuesta –guerras en Siria e Iraq, caos en Libia, crisis de los refugiados– no debería reducir su compromiso moral y material con Palestina, tal como por desgracia viene ocurriendo estos últimos años. Para solucionar la cuestión palestina y las diferentes crisis provocadas por las primaveras árabes la UE –en colaboración con otros donantes como EE.UU., Rusia, China, Canadá, Noruega y Japón, entre otros– debería trascender el Proceso de Barcelona y su Unión por el Mediterráneo (UPM) para poner en marcha un verdadero Plan Marshall para Oriente Próximo.