MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -
Convergència i Unió (CiU) ha registrado once enmiendas al proyecto de ley de Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias, con las que entre otras cosas proponen que las entidades fundadoras de las cajas de ahorros puedan formar parte de los patronatos de las nuevas fundaciones bancarias, y que la incompatibilidad de cargos entre ambas entidades no entre en vigor hasta dentro de seis años.
Los nacionalistas catalanes creen "capital garantizar la representación en el patronato de la fundación de las entidades fundadoras de la caja que se transforma y que consten reconocidas como tal en sus estatutos", limitando no obstante en un tercio --lo que en el supuesto de que se optara por el número máximo previsto supondría cinco miembros-- el máximo de representantes que corresponde a este grupo, repartiéndose el resto entre los otros grupos.
Además, también defienden que la imposibilidad de compatibilizar un cargo en el patronato con un asiento en el consejo de administración de la caja no se aplique hasta seis años después de la entrada en vigor de esta ley, para garantizar "un tránsito fluido y ordenado" a la nueva situación.
"Así, si una entidad lo considera conveniente, las personas más conocedoras de la misma y de su historia podrán colaborar y participar en el tránsito ordenado a una situación que resultará muy distinta de la actual. Asimismo, es procedente que la propiedad de la entidad financiera pueda participar de su gestión sin intermediarios, y más si se tiene en cuenta la preceptiva constitución de un fondo de reserva que está relacionado al buen funcionamiento de aquélla", justifican los nacionalistas catalanes.
FONDO DE RESERVA.
En relación a este fondo, CiU cree conveniente permitir que "en determinados supuestos" se constituya en la entidad bancaria en lugar de la fundación, dado que el mercado de entidades de crédito será muy heterogéneo tras el fin de la reestructuración y que algunas estructuras societarias serán de una gran complejidad.
Además, propone una "mayor flexibilidad" en la constitución del fondo, incluyendo la posibilidad de que se realice directa o indirectamente a través de instrumentos financieros de elevada liquidez y calidad crediticia, y permitiendo que el plan financiero pueda prever que el fondo de reserva se constituya en el fondo participado.
Con respecto a este plan financiero, CiU pide ampliar de dos a seis meses el plazo disponible para que las fundaciones bancarias que controlen una entidad de crédito puedan redactarlo.
COMPETENCIAS DE CONTROL.
Con respecto al control de las fundaciones cuya actividad exceda del ámbito de una comunidad autónoma, los nacionalistas catalanes creen que el protectorado debería ser ejercido por el gobierno regional de origen, aunque obligando al protectorado a colaborar con Economía para controlar la actividad que tiene lugar fuera de ese territorio.
El Ministerio también debería informar, "a petición del protectorado", de cualquier circunstancia que afectara a dicho ámbito territorial en relación con la obra social, que al fin y al cabo es el único ámbito de control que queda pendiente dado que toda la actividad económica estará bajo la supervisión del Banco de España.
Con respecto al trato fiscal, CiU pide que se equipare para todo tipo de fundaciones que actúan de forma concertada, y también reclama que la transformación de las cajas en fundaciones no tenga consecuencias fiscales durante el plazo marcado dado que es obligatoria por ley, para evitar los "importantes costes" que podría tener de otra forma la ruptura de los grupos de consolidación fiscal preexistentes.
DERECHOS POLÍTICOS.
Otro asunto de importancia que recoge el proyecto de ley es el control político que puede ejercer la fundación en la entidad participada, y cómo se limitará este poder cuando se acuda a procesos de ampliación de capital social si esta adquisición supone incrementar su posición de control o superar el 50% del accionariado.
En este sentido, CiU se remite a la solución propuesta por el Consejo de Estado, consistente en suspender los derechos políticos correspondientes a la participación adquirida por encima de la posición de control, en lugar de "penalizar" a la fundación con la suspensión de derechos tanto por ampliar posiciones como por suscribir acciones para mantener su porcentaje, como hace la ley.
"Esta fórmula desincentiva de forma notable la posibilidad de que se acuda a ampliaciones de capital por parte de las fundaciones, aun cuando se cuente con recursos necesarios para hacerlo", reprochan los nacionalistas catalanes, que creen que sería mejor "limitar la suspensión del ejercicio de los derechos políticos a la participación incrementada respecto de la posición mantenida por la fundación bancaria con carácter previo a la ampliación de capital".
En relación al reparto de dividendos, CiU cree que se han estipulado unas mayorías demasiado elevadas para autorizarlas, y propone por tanto somete los acuerdos a los controles necesarios por parte del Banco de España, de tal forma que se evite que la política de dividendos de estas entidades puedan comprometer su posición de solvencia o que los minoristas puedan bloquear acuerdos que no hayan alcanzado los dos tercios previstos en el proyecto de ley.
Finalmente, se propone que las fundaciones especiales que se hubieran constituido con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley al amparo de la normativa dictada por las comunidades autónomas puedan mantener el régimen jurídico establecido en dicha normativa hasta que la fundación se inscriba como tal. Esto supone que los órganos de control de las cajas de ahorro mantengan sus funciones y que el protectorado siga en manos de las comunidades autónomas competentes.
