MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Mesa y Portavoces de la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados prevé reunirse la próxima semana para fijar el calendario de tramitación del proyecto de Ley de Economía Sostenible (LES), que centrará la agenda económica de la Cámara Baja tras la remisión al Senado de los Presupuestos Generales del Estado para 2011.
La comisión parlamentaria que preside Antonio Gutiérrez tiene en agenda dos comparecencias para el próximo día 30 y ese mismo día, según se informó a Europa Press en fuentes parlamentarias, ya se urgirá a los diputados a arrancar los trabajos en la norma, máxime cuando hace ya dos meses que se presentaron las enmiendas parciales a la norma.
En este periodo ha habido una remodelación del Gobierno con la supresión de dos Ministerios y la actividad de los portavoces económicos de los grupos parlamentarios ha estado centrada en la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado.
En cualquier caso, el Gobierno tiene intención de que la norma salga del Congreso antes de que finalice diciembre, para que así su entrada en vigor no se retrase más allá de febrero. Para ello, cuenta con el PNV y con CC, con los que ha alcanzado un acuerdo de estabilidad política centrado en las iniciativas económicas.
También otras formaciones, como CiU, quieren acelerar la negociación y tramitación para que de comienzo la próxima semana, una vez celebradas las elecciones catalanas del próximo 28 de noviembre.
PACTO PSOE-PNV SOBRE ÓRGANOS REGULADORES
Lo que se da ya por seguro es que el PSOE, aprovechando el trámite de enmiendas de la Ley de Economía Sostenible, aceptará la propuesta del PNV para elevar a siete el número de consejeros en los organismo reguladores como la Comisión Nacional de la Energía (CNE), la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) o la Comisión Nacional del Sector Postal, según han asegurado a Europa Press en fuentes nacionalistas vascas.
Sin embargo, el PSOE no recogerá las enmiendas del PNV de aumentar el poder de estos organismos, incluyendo la fijación de tarifas y peajes de acceso y propuesta normativa, junto a otras funciones que ya les atribuye la ley, como la de inspección, sanción, resolución de conflictos entre operadores o arbitraje en el sector.
