SEVILLA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -
El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo (PP-A), ha contrapuesto este martes el número de beneficiarios de la Renta Mínima de Inserción que gestiona la Junta con el "timo" que, a su juicio, ha supuesto el Ingreso Mínimo Vital impulsado por el Ejecutivo central.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este martes, Bendodo se ha referido a esta cuestión después de que la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, haya informado en esa reunión de la gestión de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía en el ejercicio 2020, que arroja el número de 79.640 personas beneficiarias, un 23,8% más que el año anterior, cuando el número final fue de 60.684; y un presupuesto ejecutado superior a 135.747.971,43 euros, lo que supone un incremento del gasto del 26% respecto a los 107.673.708,46 euros ejecutados en 2019, según ha detallado la Junta.
El consejero portavoz ha subrayado así que "casi 80.000 familias de Andalucía se han visto beneficiadas de estas ayudas" de la Renta Mínima el año pasado, y ha puesto de relieve que, en 2018, el anterior gobierno socialista de la Junta "solo invirtió 57 millones de euros" que beneficiaron a 40.979 personas.
"La protección de los más vulnerables, otra de las grandes banderas del socialismo, también cae por su propio peso", ha sentenciado al hilo de esas cifras Elías Bendodo, quien se ha referido así igualmente al "timo" del Ingreso Mínimo Vital del Gobierno, ya que "en Cádiz sólo se ha atendido el 20% de las solicitudes, y en Granada el 18%", según ha comentado el consejero portavoz antes de agregar que "una cosa es predicar y otra dar trigo".
En relación a la Renta Mínima, la Junta ha detallado que el número de personas menores de edad atendidas se ha incrementado en un 31,32%, en un momento en que la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación se ha fijado como uno de sus objetivos para el presente año el de "la lucha contra la pobreza infantil".
La Renta Mínima andaluza ha supuesto, según la Junta, "una fuente de ingresos indispensable para las familias vulnerables y en riesgo de exclusión en un año marcado por la pandemia de Covid-19".
En esa línea, desde el Gobierno andaluz señalan que a la modificación del Decreto-Ley, el refuerzo en la gestión y el plan de choque previsto por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación previamente al inicio de la crisis social y sanitaria, surgió "la necesidad de promover medidas para poder agilizar el acceso a la prestación a las familias más necesitadas".
Así, el Decreto-Ley 6/2020 de 30 marzo recogió medidas extraordinarias para la concesión provisional de prestaciones con el objetivo de hacer llegar esta ayuda "al mayor número de familias posible, descargando la gestión de los expedientes para aumentar la capacidad de resolución mediante solicitudes de urgencia y emergencia social y solicitudes de ampliación y expedientes de alta que llegaran a fin de prestación durante el estado de alarma".
Posteriormente, el Decreto-Ley 10/2020 estableció la concesión de una prestación extraordinaria de cinco meses de duración para las solicitudes de una nueva modalidad de situación de emergencia social para unidades familiares con menores a cargo o unipersonales.
Asimismo, se incrementó hasta los doce meses la duración de la ampliación o la simplificación de los consentimientos en la solicitud, según continúa la Junta, que ha concretado que estas actuaciones han supuesto la resolución, durante 2020, de 55.429 expedientes entre solicitudes iniciales y de ampliación. De ellos, 35.758 han sido concesiones de prestaciones, lo que supone un incremento del 19,53% de las resoluciones y del 57,66% de las prestaciones concedidas.
Todo ello, según subraya la Junta, en unas "circunstancias excepcionales por la pandemia de Covid-19, agravadas por la nula digitalización de expedientes y una gestión muy condicionada por los requerimientos de documentación en papel a las personas solicitantes, por las limitaciones de acceso a información de manera telemática".
LLEGADA DEL INGRESO MÍNIMO VITAL
Desde la Junta han incidido en que, "en contra de lo previsto, la llegada del Ingreso Mínimo Vital (IMV) por parte de la Administración estatal supuso un nuevo incremento en la gestión de la Renta Mínima por las numerosas revisiones de expedientes que supuso".
"Dadas las bajas cuantías concedidas por el IMV, esto no suponía una extinción de la Renta Mínima andaluza, sino la necesidad de tramitar una revisión completa para ajustar las cantidades", según añade el Gobierno andaluz, que apostilla que, "debido a los retrasos en las resoluciones de las prestaciones estatales, las familias han continuado solicitando la Renta Mínima de Inserción Social de la Junta mientras tanto".
