SEVILLA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno ha aprobado la propuesta de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación para la ampliación de la plantilla presupuestaria a determinados puestos en las delegaciones territoriales y los servicios centrales en el ejercicio 2020. Este acuerdo supone un incremento del gasto por importe de casi un millón de euros (991.798,95) para la dotación de 20 puestos que se encuentran vacantes en la actualidad.
En concreto, según una nota de prensa, se trata de 17 plazas que corresponden a la plantilla de las delegaciones territoriales y tres a servicios centrales de la Consejería. Su distribución por provincias está determinada de la siguiente forma: dos en Almería, Córdoba, Huelva y Jaén, tres en Cádiz, Málaga y Sevilla, dos en la Secretaría General Técnica de la Consejería, y uno en la Dirección General de Infancia.
De esta forma, la Junta destaca que "se encara la urgente necesidad" de paliar el déficit de personal de determinadas áreas competenciales como las relativas a protección de menores, gestión de expedientes de valoración de discapacidad, pensiones no contributivas, Renta Mínima de Inserción, valoración de la dependencia e Inspección de Servicios Sociales, "todos ellos necesarios para poder cumplir en tiempo y forma con la tramitación de las autorizaciones de centros de servicios sociales".
Asimismo, y ante el incremento significativo del número de solicitudes en los Centros de Valoración y Orientación, las delegaciones territoriales de la Consejería, a través de los Servicios de Gestión de Servicios Sociales, son las encargadas con el personal adscrito a la Sección de Autorizaciones de la tramitación de los expedientes. Precisamente es en este punto donde existe en la actualidad "un importante retraso para la concesión de las autorizaciones en los centros residenciales, centros de día y de participación activa de personas mayores, producido principalmente por la falta de personal cualificado y la ralentización ocasionada como consecuencia de la pandemia de Covid-19", precisa la Junta.
Por otra parte, y también como consecuencia de la llegada del coronavirus a Andalucía, la Inspección de Servicios Sociales ha aumentado su número prácticamente en todas las delegaciones, puesto que el sector de las personas mayores "ha sido el más castigado y se hace más necesario que nunca que los centros que puedan atender se encuentren en las condiciones óptimas para su funcionamiento según la normativa vigente en materia de servicios sociales".
Por tanto, 17 de los 20 puestos que se solicitan corresponden a la plantilla de las delegaciones territoriales, dado que estos servicios periféricos de la Consejería "han sufrido una pérdida continua de trabajadores en los últimos ejercicios y un incremento del volumen de expedientes gestionados", incide, para añadir que los
tres puestos restantes serían para reforzar las áreas de legislación, jurídica e informática de los servicios centrales.
CONTRATACIÓN DE 156 PROFESIONALES INTERINOS
La Junta resalta que esta medida se suma al plan de choque dotado con 3,4 millones de euros puesto en marcha por la Consejería de Igualdad para la contratación de 156 interinos durante seis meses, con el objetivo de agilizar los expedientes de las pensiones no contributivas y las valoraciones de discapacidad.
Esta medida ha permitido agilizar la tramitación de todos los expedientes de reconocimiento inicial de pensión no contributiva, especialmente en las provincias que acumulan más retraso. Al mismo tiempo, recuerda que durante el pasado mes de julio, la Consejería implantó en las provincias un proyecto de robotización del procedimiento de revisión anual de las pensiones no contributivas para las tareas de control de las prestaciones ya concedidas.
"Esto ha supuesto un considerable ahorro de horas de trabajo para el personal, que ha podido invertir en la tramitación de solicitudes iniciales, reduciendo así el tiempo de respuesta a las nuevas personas solicitantes", indica la Junta, que en cuanto a los Centros de Valoración, destaca que este plan de choque supuso la agilización de la tramitación de los procedimientos, "dando cobertura a un mayor número de valoraciones, reduciendo los tiempos de demora y dando respuesta a las solicitudes de los distintos procedimientos y a las solicitudes de información específica".
