SEVILLA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Junta de Andalucía tiene previsto abordar este martes, en la primera reunión del Consejo de Gobierno del curso político tras el periodo estival, la propuesta de acuerdo por el que se aprueba la Estrategia regional para la cohesión e inclusión social. Intervención en zonas desfavorecidas (Eracis).
Así consta en el orden del día de la reunión de este martes, recogido por Europa Press, en alusión a un plan al que la Junta destinará 169,5 millones de euros hasta 2022 para mejorar la calidad de vida de más de 914.000 personas, mediante la intervención en 99 zonas desfavorecidas de 65 municipios de la comunidad autónoma, según informó en mayo la titular de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio.
El plan, de carácter transversal y cofinanciado por el Fondo Social Europeo, abarca las distintas políticas sectoriales que las administraciones autonómica y local desarrollan en estos territorios, entre las que destacan las relativas a la inserción socio-laboral de las personas en situación o en riesgo de exclusión social. En su elaboración han participado las consejerías con competencias en educación, salud, empleo, vivienda y justicia, así como el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Además se han tenido en cuenta más de 400 entrevistas realizadas a los agentes sociales de cada zona.
La estrategia arrancó con algo más de 37,2 millones de euros a través de dos convocatorias de ayudas en 2018. La primera, de casi 28 millones de euros, se dirige a las entidades locales para reforzar el personal de los servicios sociales comunitarios en las zonas de intervención. La segunda, para entidades privadas sin ánimo de lucro, contará con más de 9,3 millones de euros.
Las 99 zonas incluidas en el documento han sido seleccionadas teniendo en cuenta indicadores como la tasa de paro, la población inmigrante, la prestación de servicios públicos educativos y sanitarios y la existencia de problemas de seguridad y convivencia, entre otros. Del total, 18 corresponden a la provincia de Cádiz, 14 a Málaga y otras 14 a Sevilla. Les siguen Granada (13), Jaén (12), Almería (11), Huelva (9) y Córdoba (8). Se trata, en su mayor parte, de entornos urbanos con elevada concentración de población en situación vulnerable y afectados por la existencia de barreras físicas.
VIVIENDA Y MENA
De otro lado, este martes el Gobierno de Susana Díaz dará luz verde al decreto de defensa de la vivienda del parque público residencial de Andalucía, por el que se modifica el decreto 149/2006, de 25 de julio, el Reglamento de Viviendas Protegidas de la comunidad autónoma, aprobado por dicho decreto, y el reglamento regulador de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida, aprobado por Decreto 1/2012, de 10 enero.
Y también abordará la propuesta por la que se toma conocimiento de la elaboración del documento 'Impulso de la Estrategia de Acción del Uso Público' como instrumento de desarrollo socioeconómico sostenible y economía verde ligado al territorio.
Entre los informes que presentarán los consejeros andaluces destaca el que llevará la titular de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, sobre actuaciones llevadas a cabo por este departamento para la atención a menores extranjeros no acompañados (MENA) llegados a Andalucía durante este año.
Igualmente, Sánchez Rubio presentará otros dos informes, acerca de las subvenciones con cargo a la asignación tributaria del 0,7 por ciento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y otro sobre las escuelas de verano subvencionadas por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales en 2018.
De su lado, el consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, presentará al Consejo de Gobierno un informe sobre las medidas de apoyo a la creación de empresas para los jóvenes agricultores de Andalucía, y otro relativo a las medidas de apoyo a las inversiones en explotaciones agrarias de Andalucía con cargo al PDR-A 2014-2020.
Por último, el titular de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, hará lo propio con un informe sobre el reglamento del ciclo integral del agua de uso urbano.
