SEVILLA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha presentado este jueves a la secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla, la propuesta de Pacto de Estado por la Dependencia, que aprobó el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía el 10 de febrero, y ha abogado por incluir en éste la creación de un Fondo de Garantía de la Dependencia para garantizar su financiación, mientras que Carmen Castilla ha valorado la apuesta de la consejera por conseguir un Pacto de Estado para la misma calidad de servicio en todas las comunidades autónomas.
El encuentro de la consejera de Igualdad se enmarca en la ronda de contactos que ha mantenido con entidades del Tercer Sector, colectivos y agentes sociales para que se adhieran a éste, así como a formular propuestas para su desarrollo.
La consejera de Igualdad ha explicado que "desde la Junta se considera adecuado definir un sistema de atención integrado que aborde desde la perspectiva de globalidad e igualdad en todo el territorio, es decir, establecer que toda la ciudadanía con derecho a cualquier prestación recogida en la citada Ley, sea cual sea su lugar de residencia dentro del Estado, en el momento que le sea reconocido el derecho subjetivo, éste tiene que ser universal". "Se debe garantizar, por tanto, un desarrollo y aplicación de la Ley análoga en todo el territorio nacional, con la creación de una caja única", ha apostillado Rocío Ruiz.
El documento plantea establecer para la financiación una garantía del sistema de atención de manera equitativa entre la Administración General del Estado y las distintas Comunidades Autónomas, de manera que cada administración financie el 50% del presupuesto. Andalucía asume en la actualidad el 82% de la financiación del Sistema de Dependencia.
Para poder establecer un sistema de financiación ajustado a la realidad, que éste sea sostenible en el tiempo y capaz de dar respuesta solvente al envejecimiento de la población con los niveles de la dependencia esperados, es fundamental la revisión de los cálculos manifiestamente erróneos recogidos en el Libro Blanco de la Dependencia de España (2004) en los que se basó la redacción de la actual Ley de la Dependencia.
"Si se comparan dichas previsiones con la realidad de la aplicación de la Ley, resulta evidente que se ha producido una infrafinanciación del Sistema por parte de los Gobiernos de España que, a su vez, supone un incumplimiento grave y continuado del artículo 9, artículo 32 y la disposición adicional primera de la Ley de Dependencia", ha reiterado.
En este encuentro con UGT-A, además de la financiación, la consejera ha abordado que la prevención de la dependencia es un elemento importante para darle sostenibilidad en el tiempo al sistema. Ruiz ha subrayado que "el constante crecimiento de la población mayor de 65 años y especialmente la población de 80 y más años, es un fenómeno sin precedentes al que se va a tener que enfrentar el Sistema Andaluz de Atención a la Dependencia. El Pacto propuesto por la Junta de Andalucía plantea que se deberán establecer recursos reales, efectivos y evaluables que favorezcan la Autonomía Personal, retrasando de este modo la aparición de situaciones de dependencia".
El documento plantea la inclusión de recursos de atención para personas con patologías potencialmente cronificables por cuanto el propio sistema de atención y al no estar garantizada la de continuidad de cuidados, la persona puede ser condenada a un nivel de dependencia que no le corresponde a la enfermedad que ha padecido.
La titular de Igualdad ha señalado que cabe la necesidad de reconocer en la cartera de servicio de prestación para la dependencia para personas con discapacidad a los mayores de 65 años para que estos usuarios no tengan que abandonar los recursos de atención de personas con discapacidad al cumplir los 65 años.
Otra medida que aborda el Pacto de Estado es que se plantea unificar y simplificar los distintos procedimientos, así como revisar la intensidad de protección de los servicios a fin de dar respuesta real a las necesidades de las personas en situación de dependencia y de sus personas cuidadoras.
Otra propuesta apunta a una restructuración del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, y que sea el órgano colegiado garante del carácter de universalidad e igualdad de la aplicación de la Ley en todo el territorio nacional.
La consejera ha asegurado que es una apuesta que hay que afrontar con valentía, y hay que garantizar la financiación, con mayor aportación del Estado, para mejorar la calidad del servicio y la agilidad de la integración al sistema de las personas que lo necesitan. Pero también, asegura, es necesario un cambio de modelo, con más formación, más personal propio, para la atención de las necesidades, tanto en atención a domicilio, como en plazas de residencia, con un aumento del coste/plaza.
Por su parte, la secretaria de Políticas Sociales y Seguridad Social de UGT-A, Soledad Ruiz, ha recordado que el anterior Gobierno ya inició el cambio de modelo, pero que se paralizó por problemas económicos. Soledad Ruiz ha defendido la necesidad de un Fondo de Garantía, que impida problemas de financiación de este servicio tan necesario por cuanto "no puede depender ni del gobierno de turno ni de los vaivenes de la economía".
Ruiz ha reivindicado que se apueste más por el modelo preventivo, realizando una labor de concienciación, coordinación con los servicios socio sanitarios y más inversión en medios. Ha señalado que "una sola grúa hará que la cuidadora no sea dependiente con 50 años".
