VITORIA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Ararteko ha recomendado al Gobierno Vasco que, a la hora de decidir sobre la concesión o el mantenimiento de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) a las víctimas de violencia de género, "pondere debidamente" la situación de estas personas, de forma que el acceso a la RGI no esté supeditada a que estas mujeres presenten una demanda por impago de la pensión alimentaria por parte de su agresor.
El Defensor del Pueblo vasco ha emitido una recomendación sobre los criterios del Departamento de Empleo y Servicios Sociales a la hora de analizar los expedientes sobre la RGI y la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) en los casos de mujeres víctimas de violencia machista.
El Ararteko, a través de un comunicado, ha explicado que en los últimos años ha recibido un "número elevado" de quejas relacionadas con la suspensión, extinción, denegación o no renovación del derecho a la RGI y la PCV por parte de Lanbide, organismo dependiente del Departamento de Empleo y que se encarga de gestionar estas prestaciones.
Estas quejas --según indica el Defensor del Pueblo-- están motivadas en muchos casos por la "interpretación extensiva" que realiza Lanbide del requisito y obligación, previsto en la normativa de la RGI, respecto a 'hacer valer un derecho de contenido económico' para poder acceder y mantener las referidas prestaciones.
El Ararteko ha explicado que la mayor parte de las unidades de convivencia que han presentado estas reclamaciones son monoparentales, con menores a cargo, y con medidas paterno-filiales establecidas judicialmente, pero que han sido incumplidas.
