Pide terminar con el aislamiento generalizado, la dispersión y el encarcelamiento de los presos gravemente enfermos
BILBAO, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -
ELA ha reclamado la transferencia de prisiones a Euskadi y Navarra con capacidad para desarrollar una "política penitenciaria propia" porque la actual es "injusta" y, por ello, ha demandado acabar con la dispersión, el aislamiento generalizado o el encarcelamiento de presos enfermos.
En una rueda de prensa celebrada en Bilbao, el secretario general de la Federación de Servicios Público-Gizalan del Sindicado, Igor Eizagirre, ha señalado que el objetivo principal del sistema penitenciario debe ser la reinserción de la persona presa y ha lamentado que el ingreso en prisión siga siendo "la respuesta penal generalizada a determinadas conductas y delitos".
A su juicio, se deben explorar nuevas maneras de cumplir las penas de privación de libertad, "más acordes a los principios democráticos y humanitarios". "Privar a las personas de libertad encerrándolas detrás de unos muros y ventanas con barrotes, marginándolas y apartándolas de la sociedad, no es manera de ayudarlas en su reintegración social", ha añadido..
Además, ELA defiende que sean las instituciones vascas las titulares de esa competencia, ya contemplada en el Estatuto de Gernika. "Euskal Herria, necesita otro modelo de ejecución penal, público, más moderno y más humano que integre una confluencia de políticas educativas, sanitarias, laborales, de justicia y de igualdad", ha afirmado.
La central ha denunciado que estas competencia ha sido objeto de una "constante utilización política y partidista" y las instituciones penitenciarias "continúan siendo a día de hoy, competencia de los gobiernos español y francés".
En este sentido, el sindicato ha exigido la transferencia de la administración penitenciaria y que esa competencia "sea exclusiva de los gobiernos e instituciones vascas. A su juicio, esa exclusividad debe comprender tres funciones como es la legislación, el desarrollo y la ejecución.
"Esta transferencia no puede ser un mero traslado de las responsabilidades de gestión, sino que debe dotarnos de capacidad para desarrollar una política penitenciaria propia. Distinta de un modelo estatal que se ha mostrado en demasiadas ocasiones deshumanizado, colapsado e incapaz de llevar a cabo los objetivos de reinserción que la propia ley establece", ha asegurado.
Asimismo, ha defendido una administración penitenciaria "vasca, democrática y euskaldun, que debería estar encuadrada en las consejerías de Justicia de Euskadi y Navarra".
"Es una administración que debe ser escrupulosa en el respeto a todos los derechos de las personas encarceladas. Las condiciones de privación de libertad no pueden ir en menoscabo de la dignidad de las personas presas, ni suponer la privación de otros derechos", ha asegurado.
"RECHAZO AL ALEJAMIENTO"
El sindicato ha indicado que la intervención penitenciaria tiene por "objeto único" facilitar la vuelta a la sociedad de las personas encarceladas, y el cumplimiento de las penas "no pueden privarles del arraigo social y familiar". Por ello, han rechazado "tajantemente el alejamiento de su entorno, de todas las personas privadas de libertad".
ELA ha reclamado poner fin a la política penitenciaria "injusta" que se aplica "a los presos de carácter político" y ha indicado que "urge terminar con el aislamiento generalizado, la dispersión, el encarcelamiento de los presos gravemente enfermos y la aplicación de medidas de excepcionalidad por razones políticas".
"El alejamiento no solo atenta contra el derecho a relacionarse de los presos con sus familiares y amigos, sino que supone un castigo añadido e inaceptable para las familias", ha añadido. Según ha indicado que, para que todo esto sea posible, es "preciso dotarse de infraestructuras adecuadas en Hego Euskal Herria".
Asimismo, considera que se debe afrontar definitivamente la "discriminación" que sufren las mujeres en prisión porque "todavía soportan mayor precariedad de espacios, tienen peores condiciones de habitabilidad y tienen menos posibilidades para acceder a diversos trabajos, y menor acceso a la formación". "La maternidad se penaliza con medidas de dispersión y alejamiento y el cuidado de hijos e hijas se ve gravemente obstaculizado", ha asegurado.
El sindicato cree también que es preciso "regular y proteger" el trabajo remunerado que muchas personas encarceladas realizan en las prisiones y ha demandado que sean respetados sus derechos laborales.
Por otra parte, ha defendido que los centros de cumplimiento en régimen cerrado deben posibilitar que las personas privadas de libertad convivan con otras personas afines a su situación personal, tipo de delito, peligrosidad y duración de la condena, dotándolas de las instalaciones, medios, recursos y medidas necesarias para ello. "De cuantas más dotaciones hablemos, más se redundará en clasificaciones más ajustadas y en una mejor calidad de vida de las personas presas", ha añadido.
Asimismo, para quienes cumplen su condena en régimen abierto vemos necesario la construcción de un centro de inserción social, CIS, "en cada territorio de Euskal Herria".
También ha planteado constituir en el ámbito vasco un equipo de investigación y desarrollo de nuevas formas de tratamiento y cumplimiento de penas privativas de libertad y su control, "más acordes con los tiempos y posibilidades actuales, sin necesidad de encerrar a las personas, marginarlas y apartarlas de la sociedad".
Por otra parte, se ha referido a la situación de los trabajadores de prisiones que, a su juicio, deben depender de las instituciones y gobiernos de Euskadi y Navarra.
