Dice que se está ante un Estado "con difícil remedio democrático" y apuesta por impulsar una Ley de Partidos para el País Vasco
BILBAO, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Comité Nacional de ELA afirmó hoy que la decisión del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de suspender la actividad política de ANV y PCTV constituye la cobertura judicial de una sentencia previamente dictada por el gobierno socialista, en aplicación del pacto de estado llamado "por las libertades y contra el terrorismo".
En un comunicado, ELA recordó que ha manifestado "en más de una ocasión" su oposición a la ley de partidos, así como la aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, "para cercenar el derecho a la participación política".
El sindicato denunció la situación de "indefensión" que padecen las organizaciones ilegalizadas y suspendidas y sus miembros, así como la "arbitrariedad" que preside estos procesos que, entre otras cosas, "alimentan una cultura política para la cual los derechos fundamentales no son de aplicación al adversario político".
Asimismo, criticó el "cálculo electoral" que ha presidido este proceso de ilegalizaciones y suspensiones. "Un proceso que buscaba ilegalizar con fecha cierta, propósito para el cual atestados y diligencias policiales pasan a tener valor probatorio. Un proceso que ha gozado también del amparo mediático para generar el estado de opinión más favorable a la decisión del Ejecutivo", manifestó.
ELA exigió la derogación de una ley -la de partidos- que es rechazada por la mayoría política y social de este país, "único ámbito político que estaba en la mente del legislador durante su elaboración y en la de los gobiernos españoles en su aplicación".
"ELIMINAR POLÍTICAMENTE"
El sindicato indicó que "eliminar políticamente" la expresión electoral de civiles dueños de derechos "es inaceptable en democracia" y recordó que se trata de la expresión electoral de un espacio socio-político "legitimado repetidamente en las urnas y como tal necesaria para la vida del país".
ELA quiso llamar la atención sobre la gravedad del escenario social y político resultante de la aplicación de la doctrina del "entorno". "No sólo está sirviendo para negar la naturaleza política del conflicto vasco, sino que se cierne la sospecha, se acusa y se condena finalmente por colaboración o pertenencia a banda armada a personas que promueven determinadas ideas, reivindican los derechos de las personas presas, denuncian torturas y malos tratos o se comprometen en la promoción del euskara o de los movimientos sociales en general", denunció.
En su opinión, todas estas decisiones son muestras "inequívocas" de la "incapacidad" del Estado español "para abordar la cuestión vasca por vías políticas, y refuerzan la convicción de estar ante un estado con difícil remedio democrático".
ELA señaló que esta debería ser una razón adicional para que las fuerzas vascas favorables al cambio político "revisen y renuncien a aquellas formas de lucha y códigos de actuación política que sirven de justificación a estas vulneraciones de derechos". En su opinión, esta revisión abriría posibilidades "inéditas" al proceso político, "contribuiría a desgastar los instrumentos de legitimación de la violencia de estado y permitiría articular respuestas sociales proporcionales a los ataques".
El Comité Nacional de ELA lamentó la "corrosión permanente" a la que está siendo sometida el marco jurídico vasco, "un marco de por sí dependiente y subsidiario". "Las ilegalizaciones son también expresión fehaciente de ese desgaste, toda vez que las expresiones electorales vascas se toleran o proscriben en función de intereses de estado sin posibilidad de amparo por parte de las instituciones de autogobierno", señaló.
En este sentido, el sindicato manifestó que sería de interés retomar el debate suscitado en mayo de 2003 en el Parlamento vasco, cuando la mesa de la Cámara admitió la proposición para la promulgación de una Ley de Partidos Políticos específica para Euskadi, "que eventualmente pudiese amparar y regular el ejercicio de los derechos y deberes fundamentales de representación y participación política, y establecer el régimen de creación, reconocimiento, organización y extinción de partidos políticos".
